La cantidad superaría los 150.000 euros, aunque antes se deberá pronunciar el TSJCyL en tanto que la alcaldesa anuncia que recurrirá la sentencia al no ser firme
Desarticulado un grupo criminal de esa misma nacionalidad que establecía este tipo de negocio en inmuebles alquilados, donde esclavizaban a compatriotas, aprovechando su situación de vulnerabilidad