Marruecos: Juventud en las calles cuando los derechos humanos peligran
La generación Z se manifiesta ante la falta de libertades y la desigualdad, mientras el Estado responde con detenciones, represión y restricciones al derecho de protesta.
Sofía Pérez Fernández
Defensora de los derechos humanos
En Marruecos, la juventud ha decidido alzar la voz. Bajo el nombre de Gen Z 212 (haciendo referencia a la generación Z y al prefijo telefónico del país) miles de jóvenes inundan las calles desde septiembre de 2025 reclamando algo tan básico como una vida digna. Este grupo no pertenece a ningún movimiento político, partido o sindicato. Son jóvenes que se organizan a través de redes sociales, especialmente por Discord, sin un líder característico que los dirija.
La pregunta es: ¿por qué ahora? Las movilizaciones surgen de un contexto de fuerte malestar social, un paro juvenil desproporcionado, educación y sanidad en condiciones deplorables, corrupción política… Todo comenzó cuando ocho mujeres, tras una cesárea de rutina en el hospital de Agadir, murieron por lo que se denuncia en medios locales como «ingerir analgésicos en mal estado», dejando en evidencia el sistema de salud.
A ello se le unen los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2030. La FIFA concedió la organización del torneo a Marruecos (junto a España y Portugal) y desde entonces, el país ha invertido grandes cantidades de dinero en adecuarse al evento multitudinario, mientras el gasto en políticas sociales era mínimo. Estos acontecimientos llevaron a un sentimiento de hartazgo que movilizó a toda una generación para protestar por sus derechos más fundamentales.
Sus demandas no son radicales, buscan una sanidad, educación y oportunidades de empleo aceptables. Sin embargo, la respuesta del estado marroquí sí ha sido radical, evidenciando que ejercer el derecho a la protesta tiene un coste. Según organizaciones de derechos humanos, incluyendo la propia Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), cientos de personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, incluyendo menores de edad. Las detenciones se denuncian como arbitrarias, las penas, en ocasiones de hasta quince años, como extremadamente severas.
Pero las denuncias van más allá, desde palizas, malos tratos en la detención, falta de acceso a una asistencia legal y procesos judiciales aparentemente sesgados, algo que se ha hecho notar incluso por organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncian un uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Prácticas que erosionan los principios básicos de un Estado de derecho y que ponen en peligro el bienestar de un país entero.
La situación es clara. El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y proteger a sus ciudadanos de detenciones arbitrarias. Cuando estas garantías se vulneran de forma sistemática, estamos ante un problema estructural.
La juventud marroquí no está pidiendo privilegios. Está reclamando derechos, unos que nunca debieron ser arrebatados. En última instancia, lo que está en juego en Marruecos no es solo una serie de protestas juveniles, sino el modelo de relación entre Estado y ciudadanía. Si reclamar derechos básicos se convierte en motivo de detención, la democracia se vacía de contenido. La cuestión es sencilla: ¿puede una sociedad considerarse libre si quienes exigen derechos son reprimidos por hacerlo? En Marruecos, la respuesta es incierta.
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