La Junta asume las expropiaciones para la central de Irueña

El Gobierno autonómico gestionará a partir de ahora el expediente para la ocupación de los terrenos afectados por las obras de la central hidroeléctrica. Esta reorganización administrativa deja sin efecto las convocatorias previas que estaban programadas en los municipios salmantinos de El Bodón y El Sahugo.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha dejado sin efecto la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico de la Presa de Irueña. La resolución anula el anuncio publicado el pasado 27 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Este cambio procedimental responde a una reorganización de las competencias de la administración expropiante. Al haber sido otorgadas las autorizaciones administrativas y la declaración de utilidad pública por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, adscrito a la administración autonómica, corresponde a este órgano instar el proceso.

Bajo este nuevo marco de actuación, la Junta de Castilla y León asumirá el rol de administración expropiante y será la encargada de realizar la nueva convocatoria. Por su parte, el organismo de cuenca mantendrá su condición de entidad beneficiaria del expediente, de acuerdo con la legislación vigente.

¿Por qué se ha modificado el proceso de expropiación?

La modificación del expediente administrativo se fundamenta en la necesidad de adecuar el procedimiento a la distribución de competencias. El proyecto obtuvo la declaración de utilidad pública el 1 de agosto de 2025 por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, una resolución que se publicó en el BOCyL y en el BOP de Salamanca en agosto de ese mismo año.

Al ser un órgano de la Junta de Castilla y León el que otorgó las autorizaciones y reconoció la utilidad pública, se estima jurídicamente procedente que sea la propia administración autonómica la que actúe como expropiante. La CHD, promotora inicial, conservará la condición de beneficiaria según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

¿Qué municipios de Salamanca están afectados por la anulación?

La anulación de las citas previas, que estaban programadas para la jornada de ayer, 9 de junio de 2026, afecta directamente a propietarios de parcelas en dos términos municipales de la provincia de Salamanca:

• El Bodón: Los titulares estaban convocados en el Ayuntamiento de la localidad, situado en la calle Carretera de Cáceres, 23, a las 10:00 horas.
• El Sahugo: La reunión para los propietarios de este término municipal estaba fijada en el consistorio, ubicado en la calle Caño, 2, a las 12:00 horas.

La publicación oficial de esta resolución de anulación sirve también como notificación formal para todos aquellos titulares de bienes afectados que no hayan podido ser localizados, sean desconocidos o se ignore su paradero actual.

Detalles y antecedentes del proyecto hidroeléctrico de Irueña

El proyecto técnico engloba tanto el diseño electromecánico de la central como sus correspondientes instalaciones de evacuación de energía. La electricidad generada en la presa se inyectará directamente en la red de distribución a través de la Subestación de Fuenteguinaldo.

Esta infraestructura es una actuación promovida de forma conjunta por la Confederación Hidrográfica del Duero y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Ambas entidades suscribieron un convenio de colaboración el 25 de septiembre de 2020 para el desarrollo del aprovechamiento hidroeléctrico con un coste de adjudicación de 8.805.634,2€,

En virtud de dicho acuerdo, la CHD mantiene la responsabilidad de la gestión, tramitación y obtención de todas las licencias y autorizaciones necesarias para la adquisición de los terrenos que resulten afectados por las obras.

¿Qué documentación deberán aportar los afectados en la nueva convocatoria?

Aunque las citas de ayer han quedado suspendidas, la Junta de Castilla y León deberá convocar próximamente a los propietarios para el levantamiento de las actas previas. Para dicho trámite, los interesados deberán acudir personalmente o representados por personas con poder notarial suficiente.

Los afectados deberán aportar obligatoriamente los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad (DNI), NIF o pasaporte en vigor.
• Documentos acreditativos de la propiedad de las parcelas (escrituras públicas, notas simples o contratos).
• El último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) si fuera necesario para la identificación catastral.

Asimismo, la normativa permite que los propietarios acudan a las reuniones acompañados, a su propia costa, por un notario y peritos si lo estiman oportuno para la defensa de sus intereses.