, 23 de enero de 2022
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Vegater volverá gestionar Vega Terrón hasta abril de 2022 y recibirá, de momento, casi 100.000 euros de indemnización

Vegater volverá gestionar Vega Terrón hasta abril de 2022 y recibirá, de momento, casi 100.000 euros de indemnización

COMARCA
Actualizado 29/10/2021
Miguel Corral

Duras críticas de la oposición por la gestión del muelle, aunque Carlos García Sierra asegura que se actuó con responsabilidad, si bien reconoce que faltó 'vigilancia' en el cumplimiento del contrato

El PP en la Diputación de Salamanca aprobó este viernes la ejecución de la sentencia del Juzgado de los Contencioso-administrativo por la que se condena a la institución provincial a indemnizar a la empresa Vegater, concesionaria de la gestión del muelle de Vega Terrón, en La Fregeneda, con 99.651 euros por la rescisión del contrato en enero de 2017, así como su reposición al frente de estas instalaciones hasta el vencimiento del contrato el 25 de abril de 2022. Este acuerdo tuvo el voto en contra de Ciudadanos y la abstención del PSOE y del diputado no adscrito por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista.

Carlos García Sierra, diputado delegado del área de Fomento, fue el encargado de encajar los 'golpes' de la oposición respecto a la gestión de estas instalaciones, que fue duramente criticada por todos los portavoces, acusando a los distintos gobiernos del PP durante 24 años en la Diputación de "dejación" tras el fracaso en la gestión de "uno de los recursos más importantes que posee la provincia" y cuya actitud ha perjudicado principalmente a la comarca de Vitigudino, como señaló Francisco José Bautista.

García Sierra recordó a la oposición que el acuerdo plenario de enero de 2017, por el que se aprobó rescindir el contrato a Vegater después de 20 años sin abonar el canon anual ni hacer efectiva la garantía definitiva recogida en el contrato, contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo, por lo que consideró que la "Diputación actuó con responsabilidad", si bien reconoció que la institución provincial "no ha estado vigilante" en cuanto al cumplimiento del contrato por parte de la concesionaria.

Como explicaron los distintos portavoces, la gravedad del caso estriba en que durante 18 años la Diputación se mantuvo sin reclamar a Vegater las cantidades en concepto de canon y su actualización, así como la garantía definitiva y la ejecución de mejoras del muelle estipuladas en las cláusulas del contrato y que nunca se hicieron, y que tras la rescisión del contrato la Diputación haya sido condenada a indemnizar con casi 100.000 euros a Vegater por este acto, unos hechos que entienden deben derivar en responsabilidades y que Bautista concretó en la dimisión de los responsables. Para el portavoz del PSOE, Manuel Ambrosio Sánchez, "estamos ante el mayor pufo y escándalo en los 100 años de historia de la Diputación".

En cuanto a las críticas sobre el funcionamiento del muelle, García Sierra recordó que durante este tiempo su funcionamiento ha estado limitado al uso de barcos recreativos, ante la negativa del Gobierno portugués en cumplir los acuerdos de Régua y llevar a cabo obras en el cauce del Duero que faciliten el paso de barcos de mercancías y que requieren de un mayor calado.

También la oposición criticó cierta falta de voluntad de la Diputación para que Vegater retome la gestión del muelle, como dicta la sentencia, afirmaciones con las que no se mostró de acuerdo el titular de Fomento al señalar que el contrato adjudicado a Tragsa recientemente se limita al "mantenimiento y vigilancia del muelle, no a su gestión. Lo que es una gran diferencia", sentenció. Asimismo, ante la petición de Vegater de 3.000.000 de euros ante los tribunales, por desequilibrio económico contractual, cuestión que reiteró en varias ocasiones el portavoz de Cs, Manuel Hernández, García Sierra recordó que la empresa ha rebajado ostensiblemente sus pretensiones, cifrando esta cuantía por debajo de 1.000.000 de euros, una vez que los tribunales han señalado que la no percepción de posibles subvenciones durante el trascurso del contrato no puede entenderse como lucro cesante, a la vez que explicaba que todas las empresas concesionarias de servicios públicos tienen el derecho a reclamar indemnizaciones por posibles desequilibrios económicos en los contratos.

Por el contrario, el responsable de Fomento no valoró las afirmaciones de Hernández sobre la posibilidad de que Vegater reclame la parte proporcional del contrato desde que se produjo la sentencia, en julio de 2020, hasta que se produzca su reposición al frente del muelle, y que el portavoz de Cs cifró en 31.000 euros a mayores de los casi 100.000 euros establecidos en la sentencia.

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