Se buscan inquilinos por 325€ al mes para otras 2 viviendas del Parque de Obras Públicas
Es necesario estar ya inscrito (o haberlo solicitado) en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección oficial
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha iniciado el proceso para encontrar inquilinos para dos viviendas más del conocido como Parque de Obras Públicas de Ciudad Rodrigo (o Parque de Maquinaria), después de que el pasado mes de marzo se entregasen las primeras llaves de las viviendas que ha reformado el propio Somacyl para fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler.
En este caso, se están buscando inquilinos para las viviendas números 10 y 12, siendo ambas viviendas unifamiliares adosadas con planta baja, de 90 metros cuadrados (con porche, distribuidor, comedor, aseo, cocina, salón y un patio exterior privado), y una planta primera con tres dormitorios, un baño y un distribuidor; estando dotadas de electrodomésticos, armario empotrado y calefacción, todo ello con la calificación energética ‘A’. El precio a pagar por los inquilinos es de 325€ al mes.
Como en la primera convocatoria, Somacyl va a enviar un correo electrónico a todos los inscritos (o que hayan solicitado su inscripción) en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección oficial en Ciudad Rodrigo, requisito imprescindible para poder optar a estas viviendas, que deben servir para ser residencia habitual y permanente de los arrendatarios.
A estas viviendas pueden optar personas físicas que formen una unidad familiar, y las que constituyan o vayan a constituir una unidad de convivencia. Respecto al concepto de unidad familiar, se consideran así los matrimonios o uniones de hecho junto a los hijos menores de edad, y los padres o madres junto a sus hijos (en casos de separación o que no exista matrimonio/unión de hecho).
Mientras, es una unidad de convivencia el conjunto de personas que habita y disfruta de una vivienda de manera habitual y con vocación de estabilidad, “con independencia de la relación existente entre todas ellas”. En este caso, la unidad de convivencia puede no funcionar en la actualidad pero manifestar la voluntad de constituirla en caso de que sean adjudicatarios de una de las viviendas.
Al proceso pueden optar españoles, miembros de otros países de la Unión Europea, o personas de cualquier otro país con residencia legal en España, que no sean titulares de otra vivienda en nuestro país (salvo que no la puedan habitar por distintas causas -como que su puesto de trabajo esté en una localidad diferente-, que la unidad familiar haya crecido en miembros y necesiten una más grande, o que se trate de personas de más de 65 años o con movilidad reducida que precisen de una vivienda más adaptada a sus necesidades).
Como otro requisito relevante, los ingresos de la unidad familiar o de convivencia no podrán ser inferiores a 1,5 ni exceder 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y además, deberán estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda de Castilla y León.
Los interesados que cumplan los requisitos tienen un plazo de 15 días naturales a partir de este miércoles 9 para presentar sus solicitudes acompañadas de la documentación exigida. Finalizado el plazo, se publicará el listado de admitidos y excluidos, y tras un plazo de subsanación de deficiencias, las solicitudes serán baremadas.
En concreto, se atenderá a cuatro criterios: tener menos de 36 años de edad, llevar empadronados en Ciudad Rodrigo más de 1 año, que la unidad familiar o de convivencia tenga 2 o más miembros, y que alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia tenga contrato laboral en vigor o realice su actividad profesional o empresarial en menos de 30 kilómetros a la redonda.
Las personas que obtengan más puntuación en ese proceso de baremación tendrán preferencia en el sorteo que se hará para ver quiénes resultan adjudicatarios (siempre que el número de solicitantes sea superior al de viviendas que hay disponibles). Una vez dado ese paso, habrá un segundo sorteo para ver con qué vivienda concreta se queda cada adjudicatario. Inicialmente, se establecerá un contrato de arrendamiento por un año, pero, salvo que el arrendatario no quiera renovarlo, se irá prorrogando anualmente hasta 7 años.
