El alcalde de Vitigudino insta a la secretaria a que emita un informe para desbloquear la venta de parcelas del polígono industrial

Ante las amenazas con recurrir al juzgado vertidas por algunos de los propietarios, que en su día compraron al Ayuntamiento parcelas en el polígono industrial y que aún no disponen, el alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, instó a la secretaria a que realizara de manera urgente un informe para darle salida a una situación que viene arrastrada dos legislaturas atrás (2015-2019). Los propietarios podrían recurrir a la vía judicial para reclamar daños y perjuicios, pues incluso en algunos casos se habrían pagado algunas cantidades para formalizar la compra.

Este asunto salió a colación de una pregunta realizada por la concejala del PP y exalcaldesa, Luisa de Paz, durante la celebración este jueves del pleno ordinario del Ayuntamiento correspondiente al mes de febrero. Con este asunto se pudo apreciar cierta disconformidad del alcalde con el trabajo de la secretaria, pues aseguró que la solución de este problema ha sido una de las prioridades del Ayuntamiento esta legislatura “y llevamos esperando el informe más de un año, tenga el resultado que tenga, sea favorable o desfavorable”.

En su defensa, la secretaria señaló que dedica al Ayuntamiento más tiempo del que está obligada, incluso recordó que “hoy he pedido los últimos días de asuntos propios que me quedaban, que no los he podido coger por necesidades del servicio. Me quedan todavía muchos días de vacaciones porque estoy poniendo toda la carne en el asador por sacar esto para adelante, porque soy así y me gusta que por donde pase las cosas queden bien hechas”, a lo que añadió que en este tiempo lo ha empleado en otros asuntos que han ido surgiendo y que también eran urgentes.

Hay que recordar que la llegada de la actual secretaria al Ayuntamiento de Vitigudino se producía en septiembre de 2023 en un contexto de desastre total, lo que no ha resultado fácil para nadie. Y es que, ‘de esos lodos vienen estos barros', que dice el refranero popular, pues como señalaba la secretaria sobre este procedimiento, “la obligación principal arrastra las anteriores. Y si en la principal hay una nulidad, arrastra las siguientes. Yo no puedo justificar ni por conciencia ni por conocimiento jurídico”, pues podría incurrir en una presunta ilegalidad. Para la secretaria, la venta de estas parcelas se realizó sin una valoración previa, lo que “desde mi punto de vista, ya es un motivo de nulidad. Y el segundo motivo de nulidad es que no se han sacado en subasta pública”.

El alcalde volvió a insistir en que en ningún momento se le ha obligado a la secretaria a emitir un informe en un sentido u otro, por lo que reprochó de nuevo a la secretaria que en un año no haya emitido el informe. El motivo de la urgencia del informe es el tiempo transcurrido sin darle una solución al problema, “o iniciar de nuevo todo el procedimiento o seguir con lo que tenemos”. En este sentido recordó que se han mantenido reuniones con la Registradora y con la Notaría para conocer las vías de solución, también se ha solicitado un informe a la Diputación, pero en todos los casos se requiere el informe de Secretaría-Intervención, en el último, para poder recurrir con el asunto ante el Consejo Consultivo de Castilla y León y que este determine qué debe hacer el Ayuntamiento, solución a la que se apunta de la Diputación de Salamanca.

Gestión directa de la recogida de basura

Otro de los temas destacados de la sesión fue la dación de cuenta al pleno de la liquidación de las facturas pendientes con la empresa encargada de la recogida de basuras hasta 2023 y la liquidación del contrato con la empresa que realiza el servicio desde entonces, punto que fue aprobado por unanimidad.

El motivo de la última liquidación se debe a la idea del equipo de Gobierno de realizar el servicio de recogida de basura de manera directa a través del alquiler de un camión de recogida y el empleo de un trabajador municipal para abaratar costes, pues en 2024 el coste de este servicio se disparó a los 150.000 euros, según explicó el concejal delegado de Hacienda y primer teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, quien añadió que está generando “un déficit monumental”.

Este coste podría ser mayor una vez que el 1 de abril entre en vigor la subida del 25% establecida por Girsa, Consorcio para la Gestión Integral de Residuos de la Diputación de Salamanca, para la gestión de residuos sólidos urbanos, que en el caso de Vitigudino pasará de los 14.000 a más de 17.000 euros al trimestre, coste que debe ser repercutido a los vecinos en el recibo de basura.

Según las estimaciones realizadas por los responsables municipales, la gestión directa del servicio abaratará el coste de recogida de basura en un 50%,aunque habrá que sumar el nuevo coste por el tratamiento aplicado por Girsa. Por ello, ante estos cambios, el Ayuntamiento deberá aprobar una nueva tasa con los costes reales del servicio para su aplicación posterior a los vecinos. Además, el alcalde sugirió la posibilidad de poner en marcha algún tipo de iniciativa “para que pague el que más basura genera”, así como sensibilizar a la población de lo importante que es el reciclaje. El precio de los nuevos recibos que pagarán los vecinos de Vitigudino estará muy lejos de los más de 90 euros que se pagan en Salamanca por domicilio.

Procedimientos judiciales

En otro orden de cosas se informó de la demanda interpuesta por dos propietarios del inmueble colindante con el edificio de los juzgados, este de propiedad municipal y que fue cedido al Ministerio de Justicia para la realización de los nuevos Juzgados.

Durante las obras realizadas en el transccurso de la legislatura pasada se ocasionaron algunos desperfectos en el edifico contiguo y que el Ayuntamiento subsanó, sin sospechar entonces que los propietarios presentarían años después una demanda por la que reclaman al Ayuntamiento casi 130.000 euros. Para Luisa de Paz, alcaldesa de Vitigudino en el momento de las obras, “una casa que no vale eso ni de nueva”, señaló ante el pleno. Según De Paz, “tenemos las fotos de antes y como la dejó después el constructor que le hizo esa reforma. La demanda no es una casa que se pudiera habitar y que se la hayan estado privando de poder hacerlo”, por lo que ofreció las fotos para la defensa del Ayuntamiento.

El problema sobrevino con el derribo del edificio municipal y la pared de ‘supuesta medianía”, aunque algunas opiniones de técnicos apuntaban a que el muro de carga sobre el que apoyaban las vigas pertenecía al edificio derribado y no a la casa contigua. La demanda se estriba ahora en un documento en el que supuestamente el Ayuntamiento se haría cargo de cualquier desperfecto ocasionado por las obras, como así hizo en su momento. Pero los propietarios reclaman ahora una importante cantidad por posibles perjuicios derivados de entonces.

También se dio cuenta al pleno del nombramiento de representantes jurídicos ante la reactivación del recurso judicial presentado por la AECT Duero-Douro por el que reclama el pago de dos facturas de enero y febrero de 2021 con cargo al contrato de suministro eléctrico del alumbrado público y amortización del cambio a led de esta red. Ambas facturas suman unos 26.000 euros. Este procedimiento había sido paralizado a la espera de la resolución de una denuncia anterior por la que Duero-Douro reclama al Ayuntamiento 341.000 euros por los mismos conceptos.

Por último, también se dio cuenta al pleno del nombramiento de representantes jurídicos ante la solicitud de nulidad presentada por la concejala del PP, María José Vicente, de la sentencia del TSJCyL por la que le obligaba a la devolución de lo cobrado por una dedicación parcial la legislatura pasada. En tanto que el Tribunal ha admitido a trámite la solicitud, la ejecución de sentencia “queda suspendida cautelarmente”, explicó Pérez Blanco. Según el teniente de alcalde “solo hay dos opciones, o que se ejecute la sentencia o que se repitan los juicios”.

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