Vitigudino deberá pagar a la AECT Duero-Douro 341.000 euros por el alumbrado público desde enero de 2021

El Ayuntamiento de Vitigudino intentará negociar con la AECT Duero-Douro el prorrateo del pago de 341.000 euros correspondientes al convenio establecido en 2018 para el funcionamiento del alumbrado público. Esta cantidad corresponde a la deuda contraída desde enero de 2021 hasta la actualidad, después de que en diciembre de 2020 el Ayuntamiento revocara el acuerdo plenario anterior de 2016 por el que se aprobó el convenio con la AECT Duero-Douro para que por un periodo de 10 años esta entidad se hiciera cargo del suministro de energía para el alumbrado público y la sustitución de luminarias a led. A cambio, el Ayuntamiento debía pagar a la AECT el coste del recibo de la luz que en aquel momento estaba abonando.

El acuerdo del pleno de 2020 fue recurrido por la AECT ante los juzgados y la justicia falló en contra del Ayuntamiento, determinando que el contrato o convenio establecido estaba plenamente en vigor. Este fallo fue recurrido por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también falló en contra del Ayuntamiento, imponiendo al Consistorio costas y los intereses correspondientes, sumando en total los 341.000 euros de deuda.

Aunque la sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, opción por la que abogó la concejala del PP y exalcaldesa, Luisa de Paz, cabría la posibilidad de que no fuera admitido, en tanto que el fallo de los dos tribunales ha siso en el mismo sentido, como explicó el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, el pleno, por 6 votos a favor (PSOE y Cs), 3 abstenciones (2 de PP y 1 de VOX) y 2 en contra (PP), acordó no recurrir al TS e intentar negociar con la AECT un prorrateo que facilite la liquidación de la deuda. En este sentido, el alcalde Javier Muñiz informó que la propuesta inicial de Duero-Douro era el abono de 90.000 euros en un solo pago y 10.000 euros mensuales durante 24 meses, propuesta imposible de cumplir para el Ayuntamiento, de ahí que el alcalde ha quedado facultado, en esta sesión ordinaria del pleno, para negociar el pago de la deuda y cumplir así la sentencia al quedar revocado el acuerdo plenario de diciembre de 2020.

Unanimidad en el resto de puntos

Por otro lado, se aprobó por unanimidad justificar el pago de 38.000 euros de los Fondos de Cohesión 2022 y que se emplearon en mejoras de la residencia de mayores. También por unanimidad, se ratificó la solicitud presentada a los Fondos de Cohesión Territorial 2024 de 27.600 euros de ayuda, además de 9.300 euros de aportación municipal, para la creación y arreglo de aceras en las calles Reguerita y Chica.

Asimismo, todos los grupos de la Corporación aprobaron la ratificación de la solicitud de ayuda presentada a la Diputación con cargo al Plan de Optimización Energética (POE). La cuantía máxima del proyecto no podrá superar los 31.000 euros y la ayuda máxima sería de 18.000 euros. Aunque aún no está definido el proyecto, como explicó el alcalde, una opción será la instalación de placas solares en la pista de pádel una vez construida, pues aunque el gasto de energía será mínimo, el excedente revertirá en la red local. En este punto, Luisa de Paz preguntó sobre cuándo estará construida esta instalación, a lo que el alcalde le informó que “ya debían estar con las obras, pero por el motivo de las últimas lluvias se pospuso”. Asimismo, el concejal de Obras, Germán Vicente, informó de que la pista de pádel se ubicará junto a los vestuarios del campo de fútbol y no sobre la pista de tenis, como en principio estaba proyectado, “para no estropear la pista para siempre”.

Igualmente se aprobó por unanimidad ratificar la solicitud de Planes Provinciales, en total 226.888 euros de los que 178.000 euros se destinarán a la pavimentación de calles y 49.000 euros a la sustitución de redes. En este punto, Germán Vicente informó que el presupuesto para pavimentación daría para pavimentar entre 3.000 y 4.000 metros lineales de calles, por lo que se estima que la actuación llegará a todas aquellas en los que sea necesaria su intervención, incluido el anejo de Majuges, como añadió el concejal de Obras tras el apunte realizado por la concejala de VOX, Leticia Cuesta.

Y también por unanimidad se aprobó ratificar la solicitud de 44.765 euros realizada a los Fondos de Cooperación Local para la sustitución de la cubierta de dos de los locales anexos del Mercado de Abastos, y “si sobra se empleará en pintura, a ver si podemos acabarlo de una vez”, añadió el alcalde Javier Muñiz.

Litigios con la exsecretaria

Por otro lado, también se aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento se persone en el recurso ante el TSJCyL presentado por la exsecretaria municipal Pazos Vecinos, contra el expediente abierto por el Ayuntamiento y por el que fue despedida del puesto de trabajo. En este procedimiento también se ha presentado como defensa del Ayuntamiento la exalcaldesa Luisa de Paz.

Y también por unanimidad, el Ayuntamiento se defenderá ante la demanda interpuesta por Pazos Vecino en la que reclama al Ayuntamiento, Ibermutua y a la Seguridad Social, 52.000 euros de indemnización relacionada con su despido. Como informó Pérez Blanco, el juicio, en el nº1 de lo Social, tendrá lugar el 20 de noviembre.

Ruegos y preguntas

En ruegos y preguntas el concejal socialista Daniel Alonso preguntó sobre los motivos por los que en los dos últimos plenos se han celebrado fuera de la fecha estimada en el Reglamento de Organización Municipal y por qué no se le había avisado. También criticó no disponer de acceso a la plataforma gestiona, hecho al que se sumó Luisa de Paz.

Sobre estas preguntas, en primer lugar el acalde señaló que la junta de portavoces tiene competencias para modificar la convocatoria del pleno con el acuerdo de los miembros, como así señaló haber sucedido. Y sobre su comunicación, Germán Vicente se culpó por no haberle comunicado los cambios “porque no asistí a la Junta de Portavoces”, por lo que Alonso señaló la necesidad de convocar también a los suplentes, condición que le ampara.

Respecto al acceso a Gestiona, el alcalde reiteró los motivos expuestos en el pleno de diciembre, en el que expuso que la restricción a Gestiona se debe al contenido de información personal y confidencial, de personas ajenas al Ayuntamiento, “y que no debía conocer ni yo”.

Por otro lado, Luisa de Paz recordó cómo el juzgado obligó al Ayuntamiento, durante su mandato, a dar acceso a Pérez Blanco, por lo que advirtió que podría realizar el mismo recorrido, aunque reconoció como ciertos los argumentos ofrecidos por el alcalde. En respuesta a sus insinuaciones, Pérez Blanco aseguró que “tienen acceso a toda la información” que concierne a cada uno de los concejales “a través de Sede Electrónica, incluidos los expedientes de cada punto, al libro de actas y al libro de decretos. A lo único que no tienen acceso es al registro de entradas y salidas”, aseguró el edil, lo que en su opinión la demanda no está justificada, pues "tengo pantallazos de que es posible el acceso a toda la información".

Por último, la concejala popular María José Vicente trasladó el malestar de usuarios de las piscinas con hijos de más de 18 años, los cuales no han sido admitidos en el abono familiar como años anteriores, edad que se establecía en los 25 años. A este respecto, el alcalde señaló que desconocía el hecho y que las instrucciones dadas era que se mantuviera lo del año pasado, por lo que desde el equipo de Gobierno se aseguró que “no es intencionado” y que si se ha producido un error se corregirá.