La UE insta al Gobierno a que tome medidas contra la resolución de la Junta sobre el control de la tuberculosis bovina

El director gerneral de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Bernard Van Goethem, ha instado al Gobierno de España, concretamente en una misiva remitida el día 23 al director general de Sanidad de la Producción Agraria Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa de Lara, a “tomar las medidas apropiadas sin demora para proteger salud pública y animal en la UE” dado que la Resolución publicada el pasado 15 de mayo en el BCyL “no es compatible con una serie de disposiciones de la UE sobre infecciones con el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC)”.

Concretamente, señala que “esas normas regionales autorizan movimientos de animales que no están permitidos en la legislación de la UE (Reglamento (CE) 2020/688 y 2020/689)”, pues “la resolución deroga determinadas pruebas obligatorias previas a la circulación y/o habilita desplazamientos desde explotaciones bovinas en las que el estatus sanitario de la infección por MTBC está suspendido o retirado debido a resultados de prueba positivos o dudosos o incluso posiblemente cuando se confirman brotes”.

Por lo que añade que “este tipo de movimiento es extremadamente peligroso ya que podría facilitar una mayor propagación de la enfermedad. Además -añade-, la mencionada Resolución regional parece prever un régimen laxo y no compatible para restaurar el estado libre de infección por MTBC en explotaciones y comarcas bovinas al no aplicar el régimen de pruebas prescrito en la legislación de la UE”.

Para el director gerneral de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, “los incumplimientos de las normas pertinentes de la UE para la concesión, mantenimiento o restauración del estado libre de infección con MTBC puede conducir a un riesgo de infección con MTBC y extenderse a otras regiones de España y a otro Estado miembro de la UE y poner en peligro su condición de libres de tuberculosis”.

Por ello, además de instar al Gobierno a “que tome las medidas pertinentes”, añade que se informe “sobre cualquier paso que se tome para asegurar que en España existen medidas eficaces para prevenir cualquier riesgo de deterioro del estatus de infección con MTBC en la Unión”.

Recurso judicial del Ministerio

Ante este requiermiento de la UE,el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el mismo día 23 en el que recibe el escrito de la Comisión, ha presentado un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la Comunidad de Castilla y León. En este recurso se esgrimen los mismos argumentos que constan en el Informe elaborado por los nueve jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de Castilla y León.

Asimismo, el Ministerio ha requerido administrativamente la retirada de la mencionada Resolución, lo que contradice las declaraciones realizadas el pasado viernes en Vitigudino por el vicepresiente de la Junta, García Gallardo, y la directora de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez. Es más, desde el sindicato de veterinarios de Castilla y León, confían en que la Resolución de la Junta “no llegue a ponerse en práctica, porque de lo contrario, y ante la gravedad de la situación, -en opinión del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León- debería ponerse en marcha el mecanismo preventivo recogido en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, que permite, en su art. 26, a la Administración General del Estado, excepcionalmente y en caso de grave peligro de extensión en el territorio nacional de epizootias o zoonosis, la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión y propagación al resto del territorio nacional, en especial las previstas en el presente título, así como a velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de aquéllas hasta el restablecimiento de la normalidad sanitaria en todo el territorio nacional, incluyendo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según la autoridad que la Constitución y las leyes le otorgan”.

Finalmente, desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) muestra “todo nuestro apoyo a los nueves Jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal”, y especialmente al de Salamanca, al que parece ser “los ganaderos preparan un escrache, por el simple hecho de señalar asépticamente y desde un punto de vista profesional y legal, las contradicciones de la Resolución del 10 de Mayo respecto de la normativa sanitaria nacional y comunitaria”.

Desde el sindicato de veterianrios aseguran “en ningún caso, estos profesionales, ni ningún otro veterinario está en contra de los ganaderos. Siempre estaremos de su lado para apoyarles e instar a todas las administraciones a contribuir con todas las medidas biosanitarias y económicas que precisen para hacer viables sus explotaciones, facilitar sus movimientos comerciales y fortalecer un sector primario al que, sin duda toda, la sociedad debe agradecer el esfuerzo que día a día llevan a cabo para abastecernos de productos alimenticios seguros y primordiales”.