El alcalde de Villarino deberá devolver al Ayuntamiento 2.978 euros cobrados para pagar a su abogado en un procedimiento judicial
Pleno de la Corporación municipal de Villarino de los Aires / CORRAL
La sentencia señala que el abono realizado por el teniente de alcalde al regidor se efectuó sin consignación presupuestaria
El alcalde de Villarino de los Aires deberá devolver a las arcas municipales los 2.978 euros que le fueron abonados para el pago de su abogado en un procedimiento judicial abierto en 2016, según la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Salamanca, del pasado 18 de abril.
Este fallo responde al recurso interpuesto por el portavoz de VyC en el Ayuntamiento villarinense, Javier Sendín, frente y contra la Resolución desestimatoria por silencio administrativo del recurso de reposición presentado el 29 de julio de 2022 contra el pago de 2.978,67 €, autorizado por el teniente de alcalde, de fecha 8 de julio de 2022, en concepto de “gastos jurídicos que le ha ocasionado (al Sr. Alcalde D. Julián Martín Jiménez) en el Procedimiento Abreviado 72/2016 y el recurso de Apelación número 357/2020”.
Según el portavoz de VyC, Javier Sendín, “estos gastos de abogado debieron ser pagados por el propio alcalde, pero se pagaron de las arcas municipales sin presupuesto para ello, pero como el alcalde no podía autorizar el pago a sí mismo, fue el actual teniente alcalde, Javier Rodríguez Montes, quien autorizó el pago”.
En el fallo, contra el que no cabe recurso de apelación, el juez motiva su decisión en la ausencia de consignación presupuestaria para realizar el pago, condenando al Ayuntamiento a las costas y a reclamar al regidor la cantidad abonada por mandamiento del teniente de alcalde.
Por último, Javier Sendín recuerda que el Ayuntamiento ha sido condenado en una veintena de denuncias presentadas por VyC, lo que ha supuesto unos gastos al Ayuntamiento de más de 280.000 euros. Además, recuerda que el actual alcalde de Villarino “está imputado por el Juzgado de lo Penal de Vitigudino por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, imputación que ha sido apoyada por la Fiscalía”, asegura.
Sobre esta última sentencia, Julián Martín señalaba desconocer el fallo y declinaba realizar ninguna declaración al respecto, únicamente ha querido significar que “si es lo que dice el juez habrá que cumplirlo”, añadía.