El Ayuntamiento de Vitigudino aprueba una modificación de crédito por 628.278 euros

El Ayuntamiento de Vitigudino aprobó este jueves una modificación de crédito por un importe de 628.278 euros para hacer frente a pagos realizados sin consignación presupuestaria y al mismo tiempo liquidar a proveedores facturas pendientes de hace un año, un acuerdo que contó con los votos a favor del equipo de Gobierno y la de los concejales Antolín Alonso y José María Herrero, siete en total frente a tres en contra de la oposición, dos concejales del PSOE y uno de Ciudadanos.

El motivo del voto en contra de la oposición se debió a la ausencia de un informe de Intervención, solicitado por PSOE y Cs, en el que se explicara pormenorizadamente las cantidades gastadas sin consignación presupuestaria y abonadas, y las pendientes de abono, y no todas en un mismo paquete hasta sumar los 628.278 euros, como explicó el portavoz de Cs, José Antonio Pérez Blanco.

Por su parte, la nueva secretaria municipal señaló que el expediente contaba con el informe necesario “aunque no el que Ud. quiere”, pues según la interventora se justifica que el importe de la modificación de crédito es inferior al remanente de tesorería del Ayuntamiento, que es el que marca los límites de esta modificación presupuestaria, así como la relación de partidas a las que se consigna el importe de la modificación, quedando demostrado que “el Ayuntamiento tiene capacidad económica para soportar esta ampliación del presupuesto”, pues como recordó la interventora, “partimos de donde partimos”, de una situación anómala como es la financiación de un ayuntamiento con los presupuestos de hace siete (2015).

Como explicó la secretaria, otro de los motivos de la urgencia de la modificación de crédito es “llegar en positivo a 31 de diciembre” y no arrastrar partidas en negativo a los nuevos presupuestos de 2023, comenzando así una nueva etapa en la gestión económica del Ayuntamiento y “no tirarnos después de los pelos de la cabeza”, unas explicaciones que la oposición comprendió pero que no fueron suficientes para dar su voto a favor en el punto después de proponer que el acuerdo se quedara sobre la mesa, una propuesta que únicamente votaron a favor los tres concejales de la oposición.

Pero antes de entrar en el contenido de esta sesión extraordinaria, el portavoz de Cs ya advirtió que sería susceptible de ser recurrida ante los juzgados por dos formalidades como son la falta de justificación de los puntos a tratar y no haber pasado el tiempo suficiente desde la celebración de la Comisión de Cuentas, órgano que se reunía este mismo jueves y que, según la norma, la celebración del pleno debía realizarse al menos dos días después con el dictamen correspondiente de la Comisión. Por ello, el portavoz de Cs propuso que se aplazara el pleno para cumplir los plazos.

Sobre estas observaciones, la secretaria explicó que aunque la sesión era extraordinaria, le había dado el “formato de ordinaria” por los problemas de salud que la impidieron convocar la sesión ordinaria del mes de octubre. De hecho, en los puntos del orden del día figuraba al final el clásico de las sesiones ordinarias: ruegos y preguntas. Además recordó que la Comisión se había pronunciado sobre el punto y que los argumentos de Pérez Blanco eran “poner palos en las ruedas”, pues el retraso de la sesión conllevaría el cumplimiento de los plazos legales y sobrepasar así la fecha del 31 de diciembre ante la posibilidad más que probable de que se presentaran alegaciones, lo que conllevaría llegar a 2023 con su estimación o desestimación pendiente.

Tras estos argumentos, basados en la falta de tiempo material desde que la nueva interventora tomara posesión del cargo, se votó la propuesta de Pérez Blanco para que quedara sobre la mesa la convocatoria y se celebrase en una fecha posterior, propuesta que solo contó con el voto favorable de Pérez Blanco y del concejal socialista Javier Muñiz, pues el portavoz del PSOE, Germán Vicente, se abstuvo. Por tanto, la propuesta fue rechazada por siete votos en contra, cuatro de los ediles del PP, uno de la concejal no adscrita junto con el de Antolín Alonso y el de José María Herrero.

Donde sí hubo acuerdo, por unanimidad, fue en la designación de los días 8 y 9 de junio como fiestas locales en 2023.

Antes de dar paso al punto de ruegos y preguntas, que finalmente no se desarrolló, Pérez Blanco hacía entrega a cada uno de los miembros de la Corporación de una copia de la sentencia del TSJCyL por la que anulaba el pleno del 25 de julio por un defecto de forma en la convocatoria, una sesión en la que entre otras cuestiones se aprobaron las retribuciones de los miembros de la Corporación.