Insultos

En una sociedad sana, con amor propio y respeto por sí misma, donde la ley fuese igual para todos y el estado a todos protegiese y respetase, sucesos como el que este fin de semana nos abochorna en España respecto de la familia Borbón, no podrían suceder. Pero la española es una comunidad incapacitada y amordazada por una clase política mayoritariamente extractora, mediocre y poltronera, que imposibilita el ejercicio de los derechos mediante leyes hechas a medida de sus propios intereses, impide levantar grandes protestas o siquiera posibilita enfrentarse legalmente contra una aberración democrática, social y moral como el insulto masivo que con la monarquía borbónica estamos padeciendo y los bofetones de descaro con que, como este fin de semana, nos obsequia.

A la sangrante tomadura de pelo, el escarnio, la mofa y la burla que hacia los ciudadanos están ejerciendo la mayoría de los representantes políticos en todo lo relacionado con la monarquía impuesta por el franquismo (un régimen triunfante por sus crímenes), se une el comportamiento de despectiva altivez, insultante y de menosprecio con que miembros de la familia real tratan a los españoles, por su conducta y sus decisiones, escupiéndonos con privilegios, impunidad y arrogancia, financiado todo, para mayor afrenta, por nosotros mismos.

Más allá de la consideración política que le merezca a cada uno la existencia de una institución tan inútil y sobrante como la monárquica, y aunque resulte difícil dejar ahora al margen el escándalo mayúsculo de la fortuna amasada durante el ejercicio de la jefatura del estado español por Juan Carlos de Borbón y su detestable comportamiento personal (no relacionaremos aquí los delitos flagrantes cometidos), resulta arduo para cualquier sensibilidad soportar la imposición, el trágala y la altivez de unos comportamientos tan ofensivos que no solo están minando seriamente la institución que los realiza, sino cuestionando aún más la calidad de una democracia evidentemente fallida.

Inviolabilidad frente a delitos flagrantes, impunidad, ausencia total de explicaciones de la onerosa carga que supone el mantenimiento de una vida de lujo, caprichos, viajes, visitas y reuniones costeadas por un erario público obligado a recortes...; silenciamientos, sobreseimientos, ocultaciones, manipulación, oscurantismo, propaganda engañosa... La lista de agravios con que los ciudadanos, además de soportar una institución impuesta por el sanguinario franquismo, tenemos que sufrir diariamente, se ve apoyada por una serie de partidos políticos, autores y herederos de aquella “reforma política” postfranquista que hace ya décadas se mostró como apaño, sin tocar una sola estructura social de las que mantuvieron durante décadas la dictadura.

Manipulada la percepción y la educación públicas para que se crea que la moralidad, el respeto y el prestigio los otorga un tribunal, un fiscal o un juez, los argumentos para seguir defendiendo a un personaje tal como Juan Carlos de Borbón se nutren de esa deseducación, y los aplausos a la indignidad crecen abstrusos hoy en Sanxenxo. Las leyes que se proyectan para la transparencia, clarificación y control de la monarquía son hechas por... ¡la monarquía!, que puede así presumir de ajustarse a la ley para evitar todo cuestionamiento, y los aplausos a la inutilidad crecen abstrusos en televisiones, periódicos y emisoras de radio convenientemente financiadas por esos mismos herederos. Intoxicada la sociedad española con la machacona afirmación de que la verdad y la mentira son decretadas en una votación parlamentaria, los aplausos crecen, las genuflexiones aumentan, las defensas ridículas y la estupidez de súbditos que quieren serlo se expanden, los despreciados que buscan su propio desprecio son ya multitud y los ciudadanos a los que parece sobrar la dignidad, jalean a los corruptos.