La Junta cancela el permiso de investigación ‘Lazarillo’ otorgado a Berkeley

La Junta de Castilla y León, a través de la Sección de Minas, ha comunicado al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes la resolución de fecha de 27 de noviembre pasado, del Delegado Territorial de Salamanca, por la que "se procede a cancelar el expediente de otorgamiento del Permiso de Investigación para recursos de la Sección C), denominado Lazarillo nº 6.925".

Este permiso de investigación fue solicitado por la empresa minera Berkeley y admitido a trámite el 5 de diciembre de 2018, abriéndose el periodo de información pública el pasado 17 de enero, tras la publicación del anuncio oficial en el Boletín Oficial de Castilla y León, contra el que presentó una serie de alegaciones el Ayuntamiento de Villavieja, en su mayoría de carácter medioambiental.

El proyecto de investigación afectaba a 7.400 hectáreas de los términos municipales de Lumbrales, Bañobárez, Cerralbo, Fuenteliante, Bogajo, San Felices de los Gallegos, Villavieja de Yeltes y Olmedo de Camaces, y el objetivo era la prospección de 296 cuadrículas mineras para la búsqueda de oro, wolframio estaño, litio, cobalto, tántalo, niobio, zinc, tierras raras, cobre y plomo.

El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes alegó que se estaba produciendo un "fraccionamiento de los proyectos mineros para su evaluación ambiental; mismo objeto (actividad minera, permiso de investigación) mismo (promotor Berkeley Minera Salamanca S.L), superposición geográfica de los proyectos de investigación minera", y recordaba que "Berkeley Minera Salamanca S.L, tiene otorgado un Permiso de Investigación Núm de Registro 6678, de sustancias radiactivas, Sección D en la misma superficie en la que ahora proyecta el Permiso de Investigación 'El Lazarillo'". Este fraccionamiento de proyectos la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su anexo VI, parte B, n), lo define "como el mecanismo artificioso de división de un proyecto con el objetivo de evitar la evaluación de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la suma de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo I", una actuación contra la que también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La segunda de las alegaciones hacía referencia a la necesidad de que la totalidad de las actividades mineras proyectadas sobre un amplio ámbito geográfico que incluye a municipios cercanos de la provincia de Salamanca, coincidentes con espacio protegido por Red Natura 2000 y promovidos por una misma empresa, cuente con la existencia de una evaluación ambiental estratégica previa, que sirva de marco para el desarrollo de las distintas actividades mineras (de investigación, explotación, tratamiento, restauración.) Sobre esta afección a la Red Natura 2000, la empresa promotora aseguraba que: "?.No se han identificado dentro de las cuadrículas mineras del Permiso de investigación 'LAZARILLO, zonas protegidas susceptibles de afección por los trabajos propuestos". Sin embargo, en los límites del Permiso el Ayuntamiento de Villavieja identificó dos zonas protegidas que forman parte de la Red Natura 2000 de la Junta de Castilla y León. Se trata de lugares catalogados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC):

? ZEPA (ES0000247): Ribera de los ríos Huebra y Yeltes

? ZEC (ES4150064): Ribera de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes?".

Ante este hecho, el Ayuntamiento villaviejense se mostraba seguro de que el Permiso de Investigación 'LAZARILLO "viene a formar parte de un proyecto minero de mucha mayor envergadura, promovido y denominado PROYECTO SALAMANCA por la empresa BERKELEY MINERA ESPAÑA S.L., como recoge en sus memorias anuales desde el 2008 hasta el 2018, destacando la extracción de uranio en varios puntos de la provincia y la afección de distintos espacios incluidos en la Red Natura 2000.

La tercera de las alegaciones hacía referencia a la obligatoriedad de evaluación ambiental ordinaria de cada uno de los proyectos de investigación minera, por las características especiales de protección ambiental en cada caso y por encontrarse dentro de los supuestos tasados en la ley de proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria.

Por último, la cuarta de las alegaciones sostenía que "ni el proyecto de investigación, ni el plan de restauración del permiso de investigación denominado <>nº 6.925 en Salamanca han seguido el protocolo preceptivo establecido en el decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000".