El TSJCyL ordena de forma expresa el cierre del tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ordenado de forma expresa, a través de una sentencia emitida la semana pasada, el cierre del controvertido tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio de Ciudad Rodrigo, que seguía operativo pese a que sentencias judiciales previas habían decretado la nulidad de las licencias de apertura que le fueron concedidas en su día por el Ayuntamiento mirobrigense.

La sentencia emitida por el TSJCyL fue dada a conocer en la mañana del martes en una rueda de prensa por Domingo Benito, en calidad de portavoz de Izquierda Unida, formación que desde que se empezó a gestar la construcción del tanatorio-crematorio hace ahora 6 años mostró su oposición al proyecto. En sus propias palabras, "en 2013 ya dijimos que iba a dar problemas", y a día de hoy "tenemos 6 sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento".

Aunque ha sido Domingo Benito quién ha dado a conocer su contenido, no ha tenido nada que ver con la sentencia, que ha sido dictada tras solicitar otra empresa de Ciudad Rodrigo dedicada al mismo sector, Tanatorio Ciudad, que se ejecute la sentencia previa que anulaba las licencias del tanatorio-crematorio, aunque sin llegar a ordenar expresamente el cierre.

El caso es que, pese a que tener las licencias anuladas, el tanatorio-crematorio ha seguido abierto, ya que el Ayuntamiento no ha llegado a proceder al cierre (Domingo Benito recordó que "hemos pedido que se actúe, no se puede mantener abierta una instalación sin licencia", como "en cualquier sitio"). Eso ha hecho que el otro empresario haya recurrido otra vez a la justicia, que ahora ha ordenado "la ejecución de la sentencia" reflejando expresamente que eso implica "el cese de la actividad desarrollada en las instalaciones de autos, con el consecuente cierre y precinto del crematorio velatorio litigioso".

Críticas al Ayuntamiento por su dejadez

En la rueda de prensa ofrecida en la mañana del martes, Domingo Benito resaltó que la nueva resolución "vuelve a dar un toque de atención al Ayuntamiento" en este asunto, sorprendiéndose de que haya tenido que ser el TSJCyL "el que ordene el cierre en vez del Ayuntamiento, que es quién lo hace con cualquier otro ciudadano que abre un local sin licencia". En este sentido añadió que "a toda la gente se le debe tratar igual".

Domingo Benito dio la "enhorabuena" a los vecinos de la Avenida de Salamanca porque "por fin van a ver cumplida su exigencia seis años después, evidenciándose la realidad, que Izquierda Unida tenía razón desde el primer momento". Desde su punto de vista, "la licencia nunca debió concederse", y una vez eso se hizo y se inició el proceso judicial, el Ayuntamiento "debió acatar la primera sentencia", pero en su lugar, se empezó a recurrir, llegando el proceso incluso al Tribunal Supremo.

La nueva sentencia emitida ahora todavía puede ser recurrida. Concretamente existe un plazo de 30 días desde su notificación para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo que puede hacer tanto el Ayuntamiento como el empresario afectado por la orden de cierre. En caso de que no se recurra, la sentencia adquiriría firmeza.

Domingo Benito cree que el Ayuntamiento no debe recurrir la sentencia, porque "no hay que ser Doctor en Derecho" para ver que no puede estar abierto un local que tiene la licencia anulada por cinco sentencias. Si se hace, sería "un mal uso de los recursos públicos", ya que el Consistorio puede ser condenado en costas, como ya ha ocurrido en todo el proceso judicial. En este sentido, añadió que "en algún momento habrá que hacer las cuentas de lo que se ha gastado el Ayuntamiento en la defensa jurídica [abogados y costas] de un asunto que desde el primer momento advertimos que no era posible".

Graves problemas en materia sanitaria-mortuoria

En la rueda de prensa de la mañana del martes, el portavoz de IU-En Común manifestó que, "aunque el ciudadano no lo vea así", el asunto del tanatorio-crematorio es "el mayor problema de gestión urbanística que tiene Ciudad Rodrigo" y a su vez "el asunto más complejo que tiene el Ayuntamiento". En este sentido, no es nada descartable que el Consistorio tenga que pagar una cuantiosa indemnización al empresario afectado por el cierre por haberle concedido de forma 'errónea' unas licencias a partir de las cuales hizo una inversión económica que ahora queda cerrada.

De forma paralela a estas resoluciones, hay que recordar que todavía sigue pendiente la regulación del uso funerario-mortuorio en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo, después de tumbar IU y el PP el pasado mes de agosto la propuesta de Ciudadanos y PSOE para su inclusión pero permitiendo que se pudieran construir tanatorios-crematorios en cualquier lugar de la ciudad excepto en el centro histórico.

El paso que está pendiente, según expresó Joaquín Pellicer en el último Pleno a preguntas del PP, es la resolución de las alegaciones presentadas a ese acuerdo del mes de agosto. De este modo, a día de hoy, como recuerda Domingo Benito, "no hay cobertura legal para ejercer la actividad sanitaria-mortuoria en Ciudad Rodrigo".

Al no existir marco legal, eso provocó que el pasado mes de diciembre el Pleno acabase anulando, tras solicitarlo el otro empresario, Fabián Martín, las licencias urbanísticas y ambientales de Tanatorio Ciudad (el velatorio ubicado en la calle Estacadilla y el tanatorio-crematorio situado junto al Centro de Salud, en la calle Los Gremios).