Apaciguamientos

Con profusión de actos en todo el país, se conmemoró el pasado miércoles el decimonoveno aniversario del vil asesinato por ETA del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco. Uno de los cambios cualitativos en esas ceremonias de homenaje, fue la asistencia al acto principal de varios representantes de partidos abertzales, con lo que el proceso de superación del atávico enfrentamiento que propició el terrorismo etarra, experimenta un significativo avance que sin duda conducirá a la desaparición total de sus últimas rémoras. Sin embargo, algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, en línea con el comportamiento que mantienen desde hace lustros, han despreciado el valor de esos gestos de concordia y acercamiento de los colectivos nacionalistas vascos, con el argumento de que carecen de valor si antes no hubiese una explícita y pública declaración de petición de perdón y la disolución de la banda terrorista.

No será desde estas líneas desde donde se ponga en cuestión el valor de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, aunque su comportamiento, sus acciones, sus filias y sus fobias, sus alineamientos y sus intereses no siempre hayan contribuido a la necesaria reconciliación ni hayan facilitado mucho la apertura de puertas al diálogo y al entendimiento, además de faltarles, casi siempre, la altura de miras y la inteligencia práctica suficientes en un asunto cuyos matices parecen a veces venirles grandes a sus lapidarios principios, que también han creado enfrentamientos públicos con otras asociaciones igualmente de víctimas del terrorismo, propiciando una imagen de división por cierto numantinismo en nada beneficiosa para la credulidad en la franqueza de sus principios.

Se han publicado millones de palabras de condolencia con las víctimas del terrorismo etarra, y valdrán estas líneas para unir a ellas las de quien esto firma, que ha estado siempre alineado sin fisuras en la lucha contra la barbarie y la sinrazón. Pero al mismo tiempo, ríos de tinta se han utilizado para advertir del peligro de que sean las víctimas directas del terrorismo las que dicten la forma de las leyes que han de combatirlo, o influyan en el tratamiento jurídico o el contenido de las normas que se utilicen para erradicarlo. Porque, se ha dicho mil veces, es la sociedad y las instituciones y mecanismos que la sociedad se ha dado a sí misma, y no las víctimas, quienes deben responder adecuadamente a los actos terroristas, más allá del comprensible afán de reparación de los afectados directos, y quienes deben diseñar, en su caso, el alcance y el contenido de las compensaciones, las normas de reinserción en el arrepentimiento y, a la postre, como sucede en la actualidad, gestionar la superación definitiva de la lacra criminal que significó la existencia de ETA. Sin embargo, ciertos gobiernos de este país, especialmente los de la derecha, han utilizado el comprensible dolor de las víctimas del terrorismo, y la presencia pública de algunas de sus asociaciones, para endurecer y casi imposibilitar las vías de entendimiento, intentando establecer una suerte de línea divisoria infranqueable entre víctimas y verdugos que hace prácticamente imposible cualquier atisbo de reconciliación, negando radicalmente el diálogo superador y, otra vez, dejando patente la carencia de inteligencia práctica que se le supone a todo buen gobernante. Ese comportamiento, que se mantiene hoy día y no sólo en conmemoraciones como la celebrada el pasado 13 de julio, trufado de gestos de desprecio, obcecaciones, ninguneos y hasta cierta ofuscación en un lenguaje cuasi belicista, podría ser superado por gobernantes más inteligentes. Es lo que muchos esperamos.