Secretaría y Diputación apuntan a un procedimiento inverso al solicitado por la oposición

El informe realizado por la nueva secretaria y el emitido por los servicios jurídicos de la Diputación concluyen en un mismo sentido respecto a la solicitud realizada por la oposición en el Ayuntamiento de Vitigudino, PP y Ciudadanos. Ambos grupos habían solicitado un pleno extraordinario por el que pretendían que la Corporación adoptase el acuerdo para declarar nulo de pleno derecho los actos administrativos llevados a cabo por la concejala de Hacienda del PP, Jennifer Bartolomé, entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012 relacionados con el cobro por la renovación de sepulturas. La oposición pretendía que una vez adoptado el acuerdo plenario, este fuera elevado al Consejo Consultivo de Castilla y León para su dictamen.

Pues bien, tanto el informe realizado por la nueva secretaria municipal, como el emitido por la Diputación, señalan que una vez escuchadas las reclamaciones o peticiones de los vecinos afectados, el Ayuntamiento debe solicitar un informe, preceptivo y vinculante, al Consejo Consultivo para que determine si los actos administrativos recurridos son nulos de pleno derecho. Una vez emitido el dictamen del Consultivo, será el pleno del Ayuntamiento el que deba adoptar el acuerdo que proceda. Así las cosas, la secretaria advertía que hacer lo contrario, o sea, lo que pedía la oposición, era contrario a derecho porque el procedimiento no era el correcto.

Nada fácil lo ha tenido en su primera sesión plenaria la secretaria-interventora Pilar Pazos, pues hasta tuvo que escuchar de boca del portavoz del PP, José María Herrero, que 'leía lo que quería' respecto a la documentación del punto del pleno, además de atender lecciones de interpretación sobre derecho positivo, lo que obligó al alcalde, Germán Vicente, a señalarle que "la secretaria es la única capacitada aquí para saber lo que es legal y lo no lo es, por que ni Ud. ni yo lo estamos". En este sentido, la secretaria recordó que había tomado posesión de su cargo el pasado 6 de junio, por lo que el alcalde también quiso disipar cualquier duda sobre su honradez e imparcialidad al señalar que su criterio obedece exclusivamente a aspectos de legalidad. Esta era una prueba de fuego para Pazos, que superó con solvencia.

Y es que, la secretaria explicaba que la delegación de Hacienda otorgada por el alcalde, entonces el popular Julio Santiago, a Jennifer Bartolomé, "no fue revocada de manera expresa" por el decreto de Alcaldía posterior, como sí lo fue como miembro de la Junta de Gobierno Local y como teniente de alcalde, y que la delegación de Hacienda, en su interpretación de la redacción del documento no era genérica.

Estas mismas conclusiones son a las que también ha llegado un gabinete jurídico contratado por el Grupo Socialista municipal, sin cargo para el Ayuntamiento, como indicó el alcalde. El informe, como también concluye el emitido por la Diputación y el realizado por Secretaría, sugiere a los afectados emprender la vía del Contencioso-Administrativo, paso que los vecinos han tratado de evitar hasta ahora y del que algunos ya eran partidarios esta noche tras ver el resultado de la sesión plenaria, que se diluyó en intervenciones de cara a la galería en lugar de aplicar el sentido común en la búsqueda de una solución satisfactoria para todos los afectados.

Sobre lo último, finalmente se pronunció el alcalde, reiterando su interés por dar una solución satisfactoria a todos, pero siempre con la legalidad por delante, pues como señaló: "No vamos a cometer una ilegalidad para solucionar algo que hicieron otros mal, pero todos nos hemos comprometido a darle solución y entre todos debemos dársela". Por ello, Germán Vicente señaló que solicitará de la secretaria un informe escrito sobre el procedimiento a seguir y junto a este y el de la Diputación se enviarán las reclamaciones al Consejo Consultivo para que emita su dictamen. Una vez emitido el informe, se someterá al pleno el acuerdo que proceda para su aprobación.