Respirar todavía

Como todas las noticias realmente trascendentales, ha sido fugaz la presencia en los medios la de que varias asociaciones españolas de víctimas de accidentes, negligencias criminales o llanamente asesinatos (Yak 42, Angrois, metro de Valencia, José Couso y otras) han decidido unirse para solicitar a tribunales internacionales la justicia que aquí les es negada. Una noticia que si por una parte abre una puerta a la esperanza en la reparación y la justicia para casos sangrantes humana y moralmente, por otra subraya, remacha y prolonga la deprimente realidad de la administración de justicia en España, mediatizada, manipulada y controlada por poderosos intereses de todo tipo (económicos y políticos principalmente), y que además de convertir a nuestro país en el patético paradigma universal de la molicie y el ocultamiento (véanse las últimas reformas unilaterales del Gobierno en cuanto a la inhibición española en temas de delitos internacionales, la permanente y radical obstaculización judicial a la investigación de los crímenes del franquismo o el mezquino encarecimiento de las tasas judiciales que obstaculiza el acceso de los pobres a los tribunales), arroja a los ciudadanos españoles a la intemperie de la indefensión o a ese recurso ?un tanto mendicante- a la solidaridad jurídica internacional.

Algunas sentencias dictadas por tribunales supranacionales sobre temas o asuntos españoles (la doctrina Parot, las peticiones de extradición de torturadores, las sanciones económicas por incumplimiento o ataque a las garantías ciudadanas de los españoles en varios temas o las que constantemente se están produciendo contra decisiones y leyes del gobierno español), han sido indefectiblemente recibidas con rechazo y animadversión por instancias gubernamentales y periodísticas españolas de la derecha más reaccionaria, la que hoy gobierna este país y la misma que no duda en escudarse precisamente en sus obligaciones internacionales para imponer retrocesos sociales de todo tipo.

Velar por la existencia y fortalecimiento de los tribunales internacionales es casi una obligación para los españoles; denunciar ante ellos las violaciones a los derechos, los ataques a la dignidad, los robos, los desprecios, los embustes, la manipulación o las negativas a la reparación y la justicia que en España se están convirtiendo en cotidianidad, es uno de los pocos recursos que nos quedan para seguir creyendo que ahí fuera es posible respirar todavía.