El alcalde de Vitigudino abrirá expediente a la secretaria y pedirá a la Junta su destitución

El alcalde de Vitigudino, el socialista Germán Vicente, procederá a la apertura de un expediente a la titular del departamento de Secretaría-Intervención y solicitará a la Junta de Castilla y León su sustitución y el nombramiento de un nuevo secretario. Asimismo, desde el PSOE se reservan las acciones que consideren oportunas contra la secretaria por manifiesta actuacion contra su candidatura.

Esta decisión final es consecuencia de que la secretaria municipal haya hecho caso omiso del cumplimiento de un decreto de Alcaldía por el que ordenaba el pago íntegro en 24 horas de las cantidades solicitadas por los vecinos afectados por el pago de renovación de sepulturas efectuados entre 2011 y 2012 bajo la Corporación municipal entonces presidida por el popular Julio Santiago, hoy cabeza de lista a la Alcaldía de Vitigudino por el partido Contigo Vitigudino.

El pasado miércoles, a la finalización de último pleno de la legislatura, el alcalde dictaba un decreto por el que ordenaba a la secretaria a realizar el pago de las cantidades solicitadas por 116 vecinos y que oscilan entre 480 y 650 euros, según los casos, una devolución acordada por el pleno y con una consignación presupuestaria de 80.000 euros también aprobada.

Como se ponía de manifiesto en esta última sesión plenaria, la discrepancia con la devolución surge tras que en el acta de la sesión del pleno en el que se aprobaba la devolución como subvención por el agravio comparativo que se había producido con respecto a los vecinos que siendo titulares de sepulturas no habían pagado el 'tasazo' de 2011, la secretaria intentara introducir en su redacción la palabra 'cuantificable', que aunque aparecía ya en su informe, en ningún momento se había acordado con el equipo de Gobierno proceder a la devolución mediante la compensación de la cantidad correspondiente con obligaciones tributarias o de similar índole que deben satisfacer los vecinos, señalaba el regidor durante la sesión plenaria.

Igualmente, el lunes pasado y antes de dictar el decreto, el alcalde firmaba dos providencias para que Secretaría-Intervención abonase lo cobrado por renovación de sepulturas y otra más para que pagase una amplia lista de facturas de escasa cuantía emitidas por proveedores, en su mayoría locales, y algunas de ellas pendientes de abono desde 2017, facturas que según informaba el alcalde "ha pagado muchas pero no todas", por lo que se "repite un hecho de discriminación entre empresas y entre personas para realizar los pagos, como hemos venido observando desde hace más de dos años", añadía Germán Vicente.

Ante el incumplimiento de un decreto para que devolviera el 'tasazo' de las sepulturas, el regidor señala una "aparente mala intención al retrasar la decisión hasta la víspera de las elecciones", así como también una "pérdida de confianza" a la que se suma haber "conducido al Ayuntamiento a continuos procedimientos judiciales sin sentido" y que han supuesto cuantiosas pérdidas para las arcas municipales.

La ruptura ya definitiva con el alcalde, aunque mucho antes se había producido con los concejales del equipo de Gobierno, y desde su llegada a Vitigudino se reflejó en los concejales de la oposición, se podía apreciar el pasado miércoles cuando el alcalde debía introducir mediante una moción el acuerdo para la creación del Cuerpo de Policía Local y el pase de vigilante a agente de Policía Local del funcionario que cumplía los requisitos establecidos por la Junta de Castilla y León y cuyo nombre figura en el listado remitido por la Junta al Ayuntamiento. La aprobación de este punto mediante moción, se realizaba sin el preceptivo paso por la Comisión informativa correspondiente y sin incluir como agente de Policía Local a un segundo funcionario como pretendía la secretaria, funcionario que no reza como vigilante y que, "por lo tanto no aparece tampoco en la relación enviada por la Junta porque no cumple los requisitos". Estas circunstancias desencadenarían que la secretaria considerara su aprobación en el informe como una "ilegalidad manifiesta", hecho del que se informaba en el debate del punto y que el equipo de Gobierno decidió aprobar sobre la base del artículo 126 del ROF en el que señala que en casos de urgencia, de la aprobación del punto debe darse cuenta en la primera reunión de la Comisión.

Ante este hecho, ayer jueves, el concejal no adscrito Antolín Alonso, segundo de la lista de Contigo Vitigudino, solicitaba a Secretaría-Intervención un certificado del acuerdo plenario ante la posibilidad de presentar una demanda penal por un presunto delito de prevaricación contra los cuatro concejales del equipo de gobierno que votaron su aprobación, un hecho que al equipo de Gobierno "no nos preocupa porque consideramos que no hemos cometido ninguna ilegalidad".