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Vitigudino asumirá el cobro de las devoluciones de los miembros de la pasada legislatura
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PLENO MUNICIPAL | DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS INDEBIDOS DE LA ANTERIOR CORPORACIÓN

Vitigudino asumirá el cobro de las devoluciones de los miembros de la pasada legislatura

Publicado 18/11/2026 22:01

El periodo voluntario de pago de las liquidaciones ya ha finalizado y el Ayuntamiento deberá encargarse de reclamar los importes pendientes por vía ejecutiva. La sesión también ha estado marcada por una moción de un concejal del PSOE que ha provocado la apertura de un expediente sobre la situación de un antiguo policía municipal jubilado que continúa realizando labores para el Consistorio

El Ayuntamiento de Vitigudino tendrá que asumir directamente la gestión del cobro de las cantidades pendientes de devolución por parte de los integrantes de la anterior corporación municipal, después de que en el pleno celebrado este miércoles no saliera adelante la continuidad del procedimiento a través de REGTSA, el organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Salamanca.

La decisión llega en un momento especialmente relevante del procedimiento, puesto que el periodo voluntario para abonar las liquidaciones individuales remitidas por el Ayuntamiento concluyó el pasado día 5. A partir de ahora, las cantidades que no hayan sido satisfechas deberán reclamarse mediante el procedimiento de recaudación ejecutiva.

La gestión a través de REGTSA requiere una tramitación específica y la formalización de los correspondientes convenios y acuerdos con las administraciones implicadas, especialmente para poder actuar en materia de recaudación ejecutiva sobre estos reintegros. Al no prosperar la continuidad de esta fórmula, será el propio Ayuntamiento de Vitigudino el que tendrá que encargarse de impulsar las actuaciones necesarias para recuperar el dinero pendiente.

Según se explicó durante la sesión, el Consistorio dispone de un plazo de cuatro años para efectuar el cobro por vía ejecutiva, si bien el cómputo y el régimen de prescripción deberán determinarse atendiendo a cada liquidación y a las actuaciones administrativas realizadas.

Un procedimiento para recuperar los pagos anulados por los tribunales

Las devoluciones tienen su origen en las sentencias judiciales que declararon nulos los acuerdos plenarios que aprobaron las dedicaciones exclusivas y parciales de miembros de la corporación durante la legislatura 2019-2023, así como las indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones y otros órganos colegiados.

El procedimiento afecta, por tanto, tanto a los antiguos integrantes del equipo de Gobierno que percibieron retribuciones por sus dedicaciones como al resto de concejales que cobraron asistencias.

Entre las cantidades más destacadas se encuentran las atribuidas a la exalcaldesa Luisa María de Paz Palacios y a las entonces concejalas con dedicación parcial Victoria Rodríguez Martín y María José Vicente Rodríguez. Según las cifras difundidas por el Ayuntamiento en 2024, los importes ascendían a 120.543 euros para la exalcaldesa, 65.109 euros para Victoria Rodríguez y 65.131 euros para María José Vicente.

La cuestión pendiente ahora es conocer cuánto dinero se ha ingresado efectivamente, qué liquidaciones siguen sin abonarse y cómo va a organizar el Ayuntamiento la reclamación de los importes pendientes sin la continuidad de la gestión a través de REGTSA.

La ampliación del convenio con REGTSA no obtiene la mayoría necesaria

Durante el debate, José Antonio, concejal de Ciudadanos, explicó que se abstenía por su implicación directa en los procedimientos judiciales que dieron lugar a las sentencias que obligan a devolver las cantidades cobradas por los antiguos concejales. Recordó que fue quien promovió las acciones judiciales que desembocaron en las resoluciones 290/2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, y 1089/2022, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, entre otras.

El edil señaló que desde marzo tiene solicitada la ejecución forzosa de esas sentencias y que ha presentado dos demandas, identificadas como los procedimientos 5/2026 y 6/2026. Según explicó, en una de ellas su procuradora le había trasladado el día anterior un escrito para que respondiera a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento. Por este motivo, consideró que no debía participar en una decisión sobre la delegación en la Diputación Provincial —a través de REGTSA— de la ejecución de las liquidaciones a otros miembros de la Corporación. "Estoy demandando al Ayuntamiento, no a las personas", vino a señalar, y defendió que tanto un voto a favor como uno en contra podrían interferir en su posición procesal. Por ello, justificó su abstención para evitar cualquier conflicto de intereses o que su participación pudiera "contaminar" el procedimiento judicial.

La propuesta para ampliar el convenio con la Diputación Provincial pasó a una segunda votación, manteniendo el mismo resultado que en la primera de las ocasiones: cinco votos a favor, cinco en contra, de la bancada del Partido Popular más el voto del concejal del PSOE, Daniel Alonso Montero, y una abstención. El alcalde ejerció entonces su voto de calidad a favor de la propuesta. Sin embargo, el secretario municipal advirtió de que el acuerdo requería mayoría absoluta —siete votos—, al tratarse de una delegación de poderes por parte del consistorio a REGTSA, por lo que el resultado no alcanzaba el respaldo necesario y la ampliación del convenio no salió adelante.

Una moción sobre un antiguo empleado municipal abre otro frente en el Pleno

Al margen de la cuestión recaudatoria, la sesión también ha estado marcada por la moción presentada por el concejal socialista Daniel Alonso Montero, que solicitaba trasladar a la Fiscalía Provincial y al Tribunal de Cuentas una serie de presuntas irregularidades relacionadas con un antiguo policía municipal jubilado, F. A. B.

El escrito denuncia que el antiguo trabajador continúa realizando funciones de mantenimiento, mando y recaudación en la báscula municipal pese a su jubilación, y que reside en una vivienda de titularidad pública situada en el recinto de las escuelas CRA Manuel Moreno Blanco, cuyos suministros estaría abonando el Ayuntamiento.

Daniel Alonso sostiene que estas actuaciones carecen de cobertura administrativa suficiente y cuestiona tanto la utilización de recursos municipales como la falta de respuesta a sus solicitudes de información e informes dirigidas al secretario-interventor.

Tanto el alcalde, Gonzalo Javier Muñiz, como el secretario municipal aseguraron durante el pleno que el Ayuntamiento ya ha iniciado un expediente sobre esta situación y que se ha requerido al antiguo policía municipal jubilado para que proceda a abandonar el inmueble que ocupa, al tratarse de una vivienda de titularidad municipal. Ambas intervenciones apuntaron a que el Consistorio ya ha puesto en marcha actuaciones administrativas para regularizar la ocupación de la vivienda.

La moción fue sometida a votación por vía de urgencia y, tras aprobarse esta, el secretario municipal propuso abrir un expediente para recopilar y analizar toda la documentación relativa a la situación del antiguo empleado desde su jubilación hasta la actualidad.

El expediente será puesto a disposición de los portavoces de todos los grupos municipales para que puedan examinarlo y adoptar las actuaciones que consideren oportunas, así como de Daniel Alonso Montero. Además, se comunicará al afectado la apertura del procedimiento y se le permitirá presentar las correspondientes alegaciones.

La apertura del expediente salió adelante con los votos favorables del Partido Popular, del concejal de Ciudadanos José Antonio Pérez Blanco y del propio Daniel Alonso Montero. El alcalde, Gonzalo Javier Muñiz Díaz (PSOE), votó en contra, mientras que Santiago Vicente Sánchez y Germán Vicente Sánchez (PSOE), Isabel María Cañizal Sevillano (Ciudadanos) y Leticia Cuesta Vicente (Vox) se abstuvieron.

De este modo, el Ayuntamiento abre una vía de investigación administrativa sobre los hechos denunciados, aunque el acuerdo adoptado no supone por sí mismo el traslado de la documentación a Fiscalía, que era una de las principales peticiones de la moción.