Cuando la II República aprobó por unanimidad la Ley de Vagos y Maleantes, estaba pensando en diez conductas bien definidas: vagos, rufianes y proxenetas, los que no justifican la posesión de dinero o efectos que se hallen en su poder, los mendigos profesionales o los que viven de ellos o explotan a menores, los que explotan negocios prohibidos, ebrios y toxicómanos, los que suministran bebidas alcohólicas a menores de catorce años, los que ocultan sus documentos de identidad o utilizan los falsos, y los que observan conducta inclinada al delito por reunirse con delincuentes o maleantes. Es decir, se trataba de controlar a vagabundos, nómadas, proxenetas y demás personas consideradas incívicas y antisociales. No castigaba delitos, más bien intentaba prevenirlos; tampoco se imponían penas, únicamente medidas de alejamiento y control de los supuestamente peligrosos. Es cierto que, después de la Guerra Civil, se incluyó a los homosexuales y se establecían centros de internamiento.
Vista bajo el manto de la democracia, hoy sobraba la inclusión del colectivo LGTBI y faltaba el seguimiento de los implicados en el narcotráfico; pero no me negarán que, una vez adaptados esos cambios, podría ser aplicada a no pocos casos actuales que están en la mente de todos.
A partir de la L 7/1977, se regularon las circunstancias y requisitos para regular la huelga. Desde entonces, España ha soportado nueve huelgas generales, cuatro contra gobiernos de UCD y PP, y cinco contra los del PSOE. Como cosa inédita en el ámbito de la democracia, la décima, anunciada para el 11-N, estuvo dirigida contra la oposición. Hasta ahora, los sindicatos fueron siempre los solicitantes. En la última ha querido participar descaradamente el gobierno sanchista -por más que lo niegue, único responsable de las razones que se alegan para celebrarla. El poder de convocatoria ha rozado el ridículo. Ni Tezanos -que sigue prolongando a Sánchez su ocupación de La Moncloa- ha sido capaz de encontrar la cifra redentora.
Una vez más, y ya he perdido la cuenta, se ha puesto de manifiesto el poder de frustración -hoy no quiero mentar la palabra gafe- que conserva Sánchez. Apoyar -yo diría, más bien, elegir- la fecha del 11-N para la huelga y aparecer ese día la borrasca Charles, fue automático. Los sufridos “sindicalistas pata negra” y los arribistas de última hora debieron aguantar los dos chaparrones: el atmosférico y el del fracaso.
El ”estado mayor” de sindicatos y gobierno, ante el fiasco de la huelga política, debía sacarse otro as de la manga. Con la noche cerrada y el tiempo desagradable, las personas mayores se van para casa. Los jóvenes y, entre ellos, los antisistema, los camorristas, los semi terroristas y los ladrones, vieron la ocasión de hacerse presentes. Los medios de comunicación necesitaban contenido para que la huelga ocupara telediarios y primeras planas e hicieron los posibles para conseguirlo. Carreras, incendios, ataques a la policía y, por supuesto, saqueos.
Marlaska, tan quemado en el asunto de Ceuta y estando de cuerpo presente el policía asesinado en Oviedo, no se atrevió a recomendar mano blanda a los compañeros del difunto. Ante las bravuconadas de los revolucionarios, la policía debió emplearse a fondo para impedir que la situación pudiera adquirir cotas de gravedad. Una solución apropiada era el empleo de la “defensa” y los gases lacrimógenos; aunque pudimos ver que, en no pocos lugares, resultaron insuficientes. Los ejércitos del libertinaje se han dado prisa a la hora de denunciar el “abuso” de la policía, pero no condenan su continua intención de hacer daño a las personas, al mobiliario urbano y a las tiendas de artículos caros. Como no podía ser menos, Marlaska quiso nadar entre dos aguas y prohibió a sus policías el empleo de los esprays. Carezco de información en este tema, pero algo muy serio debió suceder para que anulara inmediatamente esa prohibición. El colectivo policial se siente ofendido por el trato discriminatorio que adopta su ministro; sin embargo, que nadie espere que levanten el pie a la hora de cumplir con su deber. Esta policía se merece mejores directivos.
Durante mi periodo de estancia en Cataluña, tuve ocasión de comprobar que su lenguaje puede equivocar a quienes, como yo, confiamos en el parecido que muchas palabras mantienen con el castellano. Una de ellas es la que emplea para definir la huelga: vaga. Se presta a confusión y, sin querer, relacionar al huelguista con el holgazán. Con el tiempo, la vida me ha enseñado que, sin poder generalizar, los sindicalistas, como muñidores de las huelgas, constituyen un colectivo que no suele distinguirse por su entrega al puesto de trabajo de la empresa que los retribuye. He conocido la empresa pública lo suficiente para comprobar que los comités de empresa reúnen un grupo de trabajadores que nunca se mancha el mono de trabajo. Los “liberados” -más de 300.000- que nada producen al empresario que los paga, se pasan el día, carpeta bajo del brazo -aunque no lleve nadan “oficial”- y con bula para poder salir y entrar cuando lo deseen.
El colmo del atropello está en la forma de mantener a los sindicatos en España. Como el porcentaje de afiliados dista mucho de lo deseado, para disfrutar del nivel de prosperidad que transmiten, el Estado los concede subvenciones salidas de los presupuestos, uso de edificios y locales, desgravaciones en el IRPF por el pago de cuotas, fondos para formación continua, etc. Como muestra, Sánchez ha repartido casi 150 millones de € en el tiempo que lleva en La Moncloa ,más del 90 % para UGT y CC.OO. Para conocer el “adn” de los dos grandes sindicatos bueno será recordar alguno de sus expolios. “Caso PSV” en el que la UGT defraudó un fondo aportado por sus propios afiliados para la creación de una cooperativa que llevase a cabo la construcción de miles de viviendas de bajo coste. El dinero fue, al parecer, empleado en inversiones ajenas a la construcción, se produjo una pérdida millonaria y desapareció la cooperativa. ”Caso de ERE,s” en Andalucía; 680 millones de € concedidos para ayuda a empresas en dificultades, y a los obreros que se iban al paro, desaparecieron en bolsillos particulares. Hubo condenas, pero no aparecieron los millones. Es cierto que CC.OO. como sindicato no ha sufrido condenas por corrupción, pero tampoco han faltado las acusaciones de la Fiscalía por numerosos casos de muy dudosa justificación.
En las naciones de nuestro entorno los sindicatos no viven de las subvenciones estatales. Salvo el caso particular de Francia, los sindicatos de países de nuestro entorno se financian con las cuotas de sus afiliados por tener un elevado porcentaje de afiliación.
Mención aparte merecen los cínicamente llamados “piquetes informativos”. Dado el salvajismo empleado en sus “informaciones”, y con los medios actuales para identificar a los autores y cabecillas, después de esas batallas campales para impedir que los trabajadores que desean ejercer su derecho a poder trabajar -tan amparado por la ley como el derecho a no hacerlo- y que terminan en verdaderas agresiones, incendios y enfrentamiento a la policía, no existe justificación para que no terminen todos ante el juez.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.