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Las gestorías cinegéticas de Castilla y León estudian reclamar los daños económicos derivados de la suspensión cautelar de la caza de la becada
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CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR

Las gestorías cinegéticas de Castilla y León estudian reclamar los daños económicos derivados de la suspensión cautelar de la caza de la becada

Publicado 16/11/2026 11:18

La Asociación de Gestorías Cinegéticas de Castilla y León advierte de las pérdidas que la medida puede ocasionar a los cotos, ayuntamientos y negocios rurales si se adopta sin una justificación técnica previa

La Asociación de Gestorías Cinegéticas de Castilla y León (AGC-CyL) estudia la posibilidad de reclamar los daños que pueda ocasionar la suspensión cautelar de la actividad cinegética si esta medida deriva de una demanda sin justificaciones técnicas que la avalen.

La asociación, que actualmente es la entidad más representativa del sector cinegético en la comunidad, con más de 23.000 cazadores y unos 1.700 cotos representados a través de sus gestorías asociadas, ya ha comenzado a trasladar el problema a distintos departamentos jurídicos vinculados a estas entidades.

Asimismo, tiene previsto informar, a través de sus gestorías, a los titulares de los cotos sobre la posibilidad de emprender una reclamación por los daños ocasionados. Esta información se dirigirá especialmente a los ayuntamientos que ostentan la titularidad de terrenos cinegéticos y perciben un rendimiento económico por su aprovechamiento, al considerar que podrían verse directamente afectados por las consecuencias de la medida.

Desde la AGC-CyL advierten de la magnitud del impacto económico que puede tener esta situación, especialmente por el papel de la becada como una de las especies que más ingresos genera a través de los permisos diarios y los aprovechamientos específicos.

Con la llegada de esta especie cinegética a Castilla y León, numerosos cazadores se desplazan durante la temporada y ocupan alojamientos rurales, restaurantes y bares, además de generar actividad para profesionales como guías y organizadores de cacerías. Por ello, la asociación señala que una reducción de la actividad cinegética supone también una disminución de las reservas y del consumo asociado.

La preocupación se extiende especialmente al ámbito municipal y al conjunto del medio rural. La asociación recuerda que numerosos ayuntamientos y entidades locales menores encuentran en el aprovechamiento cinegético de esta ave una fuente de ingresos importante para el bienestar de sus vecinos.

Por este motivo, la AGC-CyL considera que una suspensión cautelar sin un informe técnico que la justifique previamente puede ocasionar importantes pérdidas económicas, con repercusiones que irían más allá del propio sector cinegético y alcanzarían directamente a la economía y la vida de los pueblos.

La entidad mantiene así abiertas las vías de asesoramiento jurídico y se prepara para informar a los titulares de los cotos de las posibles acciones que podrían emprender ante los perjuicios económicos derivados de esta situación.