Las estimaciones apuntan a que cerca del 40 % de la población reclusa autonómica podría presentar patologías mentales, mientras recintos como el salmantino sufren un déficit de facultativos
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) alerta de la situación que atraviesa la salud mental en los centros penitenciarios de Castilla y León, tras las últimas agresiones registradas en la prisión de Topas y el aumento de incidentes. La organización sindical reclama una respuesta inmediata por parte de la Administración penitenciaria y de las autoridades sanitarias.
Según las estimaciones trasladadas por el sindicato, alrededor del 40 % de la población reclusa de Castilla y León podría presentar problemas de salud mental. CCOO señala que estos datos contrastan con la insuficiencia de recursos sanitarios, la falta de profesionales y la ausencia de dispositivos especializados para quienes precisan asistencia psiquiátrica.
La organización advierte del deterioro de la sanidad penitenciaria y recalca que no se trata de un problema exclusivamente asistencial, sino de una cuestión de derechos fundamentales, salud pública, prevención de riesgos laborales y seguridad en las prisiones.
El sindicato expone la situación del centro penitenciario de Topas como un ejemplo de estas carencias. Ya en abril de 2026, CCOO alertó de que la prisión salmantina contaba únicamente con dos médicos para una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que contempla nueve plazas, todo ello con una población reclusa al alza y cercana a los 1.300 internos.
Para los representantes de los trabajadores, esta escasez de facultativos impide garantizar un seguimiento sanitario adecuado y dificulta tanto la detección como el tratamiento de las patologías mentales. Asimismo, sostienen que esta carencia deja a las plantillas penitenciarias en una situación de vulnerabilidad.
CCOO considera inaceptable que las prisiones asuman cuadros clínicos complejos sin disponer de los medios humanos y especializados requeridos. El sindicato subraya que las personas privadas de libertad mantienen su derecho a la protección de la salud, del mismo modo que los trabajadores no pueden seguir soportando las consecuencias de la falta de dotación por parte de la Administración, dado que la ausencia de seguimiento psiquiátrico repercute directamente en la convivencia y en las condiciones laborales.
Para hacer frente a las carencias en los centros penitenciarios, la organización sindical exige la aplicación de cinco actuaciones:
Desde el sindicato inciden en que defender una atención sanitaria digna para la población reclusa supone también proteger la seguridad y la salud de quienes trabajan a diario en estas instalaciones. En este sentido, remarcan que no se puede exigir a los empleados públicos que suplan con su esfuerzo y compromiso las carencias estructurales de la Administración.
Por último, CCOO concluye que las prisiones necesitan psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, equipos multidisciplinares y una planificación ajustada a las necesidades reales de cada centro para que la salud mental deje de estar relegada en la política penitenciaria.