El lawfare de la derecha española

Cada día que pasa y se acercan las elecciones generales, tengo más claro que la derecha y la extrema derecha política y mediática española han seguido rigurosamente el mandato del ex presidente Aznar cuando divulgó la famosa frase “el que pueda hacer que haga”, que últimamente se ha ampliado con las palabras “que el PP paga”. Han iniciado una guerra sin cuartel en todos los frentes: político, mediático, judicial y policial, con la única finalidad de hacer caer el Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. Y si hace algún tiempo esta maniobra la realizaban ocultándose vilmente, en la actualidad la hacen a cara descubierta y sin complejos.

La estrategia está muy clara. En primer lugar, la derecha política se apoya en asociaciones, pseudo medios de comunicación y fundaciones aparentemente filantrópicas, para interponer querellas de todo tipo contra el presidente, sus familiares directos y miembros del Gobierno. Asociaciones reaccionarias y ultra católicas, como Hazte oír, Manos Limpias o Abogados Cristianos, presentan ante “jueces amigos” meros indicios de conductas con sospechas delictivas insostenibles, para que esos jueces inicien una investigación prospectiva contra ellos y los pseudo medios de comunicación magnifican la información para crear un ambiente hostil con la finalidad de “etiquetar” a los investigados, de delincuentes. “Calumnia que algo queda”, como dicen las cabezas racionalmente sensatas. De lo que se trata es de que la opinión pública y los ciudadanos interioricen un clima irreal de corrupción generalizada en los miembros del Gobierno.

Como ejemplos más significativos están los de Víctor de Aldama, quién, gracias a sus declaraciones de “aparente colaboración con la justicia” se le impusieron las penas por varios delitos de cohecho y organización criminal inferiores en dos grados a las principales para cada uno de los delitos, al aplicarle el Tribunal Supremo la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código penal, en relación con el artículo 21.4 del mismo precepto, de confesión y colaboración con la justicia. Y todo ello aupado, además, por la rebaja de petición de pena por parte de la acusación popular que ejerció el PP. La aplicación de esas atenuantes tan cualificadas provocó que cada delito tuviera una condena inferior a dos años, por lo que el Tribunal Supremo procedió a suspender la ejecución de las respectivas penas y Aldama no ha tenido que ingresar en prisión a cumplirlas. Las declaraciones judiciales de Aldama ante el órgano jurisdiccional que rebajó su pena total y que posibilitó la suspensión de la condena, llevaba aparejada también una declaración velada contra el PSOE.

Hace unos días se ha sabido que otro de los condenados en el mismo sumario, Koldo, asesor de Ábalos, ha declarado que el abogado del PP le ofreció un millón de euros si implicaba al presidente del gobierno y a miembros del Gobierno en la trama de corrupción por la que fue condenado, fueran ciertas o falsas las acusaciones contra el Gobierno; eso era lo de menos, lo importante era que declarase contra ellos. Se ha sabido (y esto sí está probado) que los gastos de la defensa jurídica de Koldo han sido abonados por un famoso periódico digital (ok diario) y se ha sabido, también, que ok diario recibe cuantiosas subvenciones por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, de Ayuso y del Ayuntamiento de Madrid, de Almeida.

Por su parte, otra implicada en presuntos casos de corrupción, Leire Díez, conocida como “la fontanera del PSOE”, ha declarado recientemente que también el PP le ha llegado a ofrecer ingentes cantidades de dinero si “se hace un Aldama”, es decir, si declara que el presidente y miembros del Gobierno están implicados en casos de corrupción.

Todas estas maniobras políticas, mediáticas y judiciales, huelen muy mal y debemos reflexionar sobre si la utilización de un derecho premial abusivo a este tipo de delincuentes y, en estas condiciones, puede considerarse una aplicación torticera y jurídicamente perversa que necesite una profunda reflexión sobre si se han aplicado correctamente las normas penales que exigen los principios del Derecho penal en un Estado Social y Democrático de Derecho o, por el contrario, se ha impulsado la aplicación del “lawfare” con la única finalidad de derrocar al Gobierno, cueste lo que cueste. Ya se sabe, para acabar con Pedro Sánchez y cambiar el Gobierno, “el que pueda hacer, que haga”.