Democracia... ¡ar!

Entre las graves dependencias que soporta la democracia española, principalmente la de una judicatura reaccionaria o una Iglesia católica colonizadora en lo económico y lo social del tono comportamental político, está destacando en los últimos tiempos otra dependencia, quizá la más peligrosa de todas, pero que parece que nadie se atreve a afrontar: la infección de focos reaccionarios y directamente fascistas en las fuerzas armadas y los cuerpos policiales.

Amnistía Internacional ha documentado en Ceuta cincuenta casos de palizas, humillaciones y malos tratos a personas migrantes desde la llegada masiva del verano, algunos de tal gravedad que podrían constituir tortura, trece de ellos contra menores de edad, y entre los denunciados hay militares, guardias civiles y policías nacionales en activo. En Alicante, la Policía Nacional investiga a un agente que durante años exaltó públicamente a Franco, a Hitler y a la División Azul desde una cuenta donde se identificaba como policía, es decir, como funcionario armado. La Fiscalía investiga un chat en el que al menos trescientos policías, guardias civiles y agentes locales intercambiaban datos reservados e informes sobre cientos de personas al margen de todo control, creando una policía paralela dentro de la propia policía. El jefe operativo de la Policía Nacional dimitió tras la querella de una inspectora que lo acusaba de agresión sexual, y que no usó los cauces internos, y con razón: de las cincuenta y una denuncias por acoso presentadas en el cuerpo en tres años, la mitad fueron desestimadas, y en la Guardia Civil siete de cada diez acaban archivadas. Y los militares retirados que escribían en sus chats que no quedaba más remedio que "empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta" no parecen ser una anomalía, sino la punta de un iceberg que la Transición decidió no deshelar.

Medio siglo después de la muerte del dictador, España sigue conviviendo con las rémoras del franquismo dentro de sus instituciones armadas. Ese poder uniformado, sin control suficiente, sin transparencia, sin rendición de cuentas, es una amenaza para todos, y no solo para quien pide asilo y para quien manifiesta, para la agente acosada y para el vecino que graba con el móvil, para el desahuciado y para cualquiera que un día resulte incómodo. La impunidad que hoy se ejerce contra el más débil es la misma que mañana podría ejercerse contra cualquiera de nosotros.

Ninguna democracia es digna de ese nombre mientras sus fuerzas de seguridad respondan mejor a la memoria del 18 de julio que al artículo primero de la Constitución. Reformar las instituciones armadas no es debilitar al Estado, sino la única manera de que el Estado, por fin, sea de todos.

Es precisa una gran reforma, urgente y sin excusas, en formación democrática obligatoria y evaluable en derechos humanos en las academias y centros de enseñanza militar, y que cuente de verdad en la carrera profesional. Hace falta una revisión de escalas y procedimientos de ascenso profesional, que promocionen realmente a quienes respetan la ley y no a quienes fingen que la toleran. Será preciso promover la transparencia plena en la gestión, con estadísticas públicas de denuncias, expedientes e investigaciones internas, sin olvidar una fuerza efectiva de asuntos internos independientes de la cadena de mando, para que ninguna denunciante quede a merced de su denunciado. Una depuración rigurosa de toda apología franquista y nazi en los cuerpos de seguridad del Estado, porque quien añora la dictadura y sus sangrientas miserias, quien utiliza procedimientos autoritarios, quien desprecia tras la fuerza a quien no la tiene, no puede exhibir los galones de la democracia.