La Justicia anula la licencia urbanística de la planta de grasas de Doñinos

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca, plaza número uno, ha anulado la licencia urbanística de la planta de grasas de Doñinos de Salamanca. El fallo estima el recurso interpuesto por la Asociación Plataforma Cuidamos Villamayor contra el decreto municipal que legalizaba diversas obras ejecutadas en las instalaciones.

Las actuaciones afectadas pertenecen a la empresa SERVCOR LOGISTICS, S.L.U. y están situadas en el paraje Finca Argentina. Además de anular el permiso impugnado, la resolución judicial condena al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca a adoptar las medidas de restauración de la legalidad necesarias para devolver las instalaciones a su estado original.

Para la agrupación vecinal, este dictamen supone un éxito judicial en su movilización frente a la factoría. La plataforma valora la sentencia como un avance en la defensa del entorno, la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos frente a lo que califican como "vías de hecho" y permisividad institucional.

¿Por qué se ha anulado la licencia de la fábrica de grasas?

El motivo determinante para estimar el recurso vecinal es el incumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización de uso excepcional concedida en el año 2000. El tribunal rechaza que estas exigencias puedan tratarse como simples formalidades y constata los siguientes incumplimientos en la parcela:

• No se había hecho constar en el Registro de la Propiedad la vinculación del terreno al uso autorizado, incluyendo su condición de indivisible y las limitaciones impuestas.
• No se cumplía la condición relativa a la ocupación máxima de la parcela.

La resolución judicial señala de forma expresa que "dado que a la propia Administración municipal le constaba que las condiciones impuestas en la autorización de uso excepcional no estaban cumplidas, no podía haber otorgado la licencia de legalización de las obras objeto de esta litis".

Asimismo, el fallo advierte sobre el procedimiento seguido para ejecutar primero y tratar de legalizar después. El texto judicial subraya que "la legalización de obras ejecutadas sin licencia no puede desde luego constituir un procedimiento de regularización privilegiado, ni permite obtener una licencia que no habría podido concederse si se hubiese solicitado antes de ejecutar las obras".

Impacto de las normas urbanísticas y posible derribo

El tribunal también aclara que la modificación posterior de las normas urbanísticas municipales no resta utilidad al recurso vecinal. La sentencia mantiene el interés de la plataforma en obtener la declaración de que la licencia era contraria a Derecho cuando se concedió, con independencia de las consecuencias que dicho cambio normativo tenga en la ejecución del fallo y en la situación posterior de la fábrica.

Respecto a este punto, el letrado de la plataforma explicó que "dado el contenido de la sentencia, es difícil que una modificación puntual de las normas urbanísticas pueda regularizar la situación, ya que cualquier intento de 'regularizar' las instalaciones pasa por cumplir con las condiciones de ocupación de parcela y retranqueos, lo que exigiría derribar parte de las instalaciones actualmente existentes".

Posibilidad de recurso ante el TSJCyL

La resolución dictada aún no es firme. Tanto la empresa propietaria como el propio Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca pueden presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Ante este escenario, desde la plataforma vecinal indicaron que sería entendible que la empresa recurriese, pero sostuvieron que no tendría justificación que lo hiciese el consistorio, ya que supondría invertir recursos públicos en la defensa de intereses privados.

Por ello, la Asociación Plataforma Cuidamos Villamayor exige al Ayuntamiento el cumplimiento íntegro de la sentencia y le insta a no emplear eventuales modificaciones urbanísticas posteriores para eludir la ejecución del fallo. El colectivo ha anunciado que mantendrá una postura de vigilancia para garantizar que la planta de grasas y las administraciones competentes cumplan la legalidad vigente.