Negro futuro el que nos espera

El gravísimo accidente ferroviario producido en Urda (Toledo) en la línea del AVE de Madrid a Sevilla que, con independencia de si la causa inmediata ha sido un fallo humano, pone de manifiesto que las causas mediatas guardan relación con la escasez de recursos que se han dedicado a los servicios públicos desde la fuerte crisis económica que se vivió en Europa a partir de 2008. Estadísticamente podemos comprobar que las inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias en España pasaron de los 4.826 millones en 2011 (último año del gobierno socialista de Zapatero) a 1.376 millones de euros, en el año 2016 (gobierno del PP de M. Rajoy), recuperándose posteriormente a partir de 2018 (gobierno socialista de Pedro Sánchez), a 4.696 millones y en 2024, a 5.600 millones. Lógicamente si hay un déficit claro de inversiones y, además, se ha potenciado el viaje en tren en el gobierno de Pedro Sánchez, por ser más económico y ecológico, con subvenciones, ayudas y bonificaciones para que los ciudadanos opten por el ferrocarril, el deterioro de las infraestructuras ferroviarias es más que evidente.

Ante esta tesitura, cualquier gobierno que quiera mantener las estructuras sólidas de un Estado del Bienestar tiene que invertir más dinero en las políticas públicas, las esenciales para una convivencia pacífica en una sociedad democrática, próspera y avanzada en las que haya buenas infraestructuras ferroviarias y carreteras y adecuadas autovías y autopistas (eso sí, sin peaje), modernos puertos y aeropuertos, una sanidad y una educación públicas y de calidad (artículos 27, 41 y 43 de la CE), unos servicios sociales de atención a los mayores, a los discapacitados y a las personas más vulnerables físicas y psíquicas (artículos 49 y 50 de la CE), una vivienda digna y adecuada promovida por los poderes públicos, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (artículo 47 de la CE) y unas pensiones dignas públicas (adecuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, así reza el artículo 50 de la CE), además de un trabajo decente que proporcione la remuneración suficiente para tener una adecuada calidad de vida. Todo esto se ubica en los principios rectores de una política social y económica, que reconoce y garantiza nuestra Constitución Española.

Y, claro está, para poder mantener los guarismos del Estado del Bienestar son necesarios recursos económicos. De ahí que sea absolutamente necesario mantener -como también establece nuestra Norma Fundamental en su artículo 31- un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; en Román Paladino, que se paguen impuestos y que paguen más quienes más tienen. Creo que cualquier persona perteneciente a la clase media y trabajadora -que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos- preferimos que nos retengan más dinero en nuestras nóminas si las consecuencias de ello son no tener que pagar miles y miles de euros por intervenciones quirúrgicas, por sesiones de quimioterapia o radioterapia, por análisis clínicos y consultas médicas para la protección de nuestra salud, o para tener una adecuada cobertura social, una educación pública para nuestros niños y jóvenes y unas pensiones decentes. Es lo mínimo que debemos pedir los seres humanos en una sociedad moderna y avanzada.

Todo esto, que parece tan elemental, tan de sentido común en nuestros tiempos, no parece garantizado si opciones políticas ultra conservadoras en lo político y salvajemente liberales en lo económico, acceden al poder y nos gobiernan. Los graves riesgos en la sociedad actual para los derechos humanos y para una prosperidad económica basada en los principios de equilibrio económico y solidaridad y para que haya menos pobreza y vulnerabilidad económica y social, han llegado con los gobernantes ultra reaccionarios como Trump en USA o Milei en Argentina.

En España el caos para el adecuado progreso económico y social que lesione principios básicos como la solidaridad, la justicia, la igualdad, la tolerancia y la adecuada calidad de vida, podrá llegar si la ultra derecha cainita y vengativa, de VOX Y PP, accede al poder. Anuncian bajadas de impuestos; claro, para acabar con los servicios públicos esenciales de la comunidad y que estos se presten por agentes privados, por grandes empresarios que metan sus manos en la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones. Esas bajadas de impuestos repercutirán en los ingresos del Estado y, por ende, en las inversiones en las políticas del Estado del Bienestar.

La derecha y la ultra derecha está anunciando bajadas de impuestos porque sigue pensando que los ciudadanos somos imbéciles; cree que si tenemos 5 ó 10 euros más disponibles en nuestros bolsillos al final de mes (que se convierten en miles de euros más para los más ricos), vamos a ir detrás de ellos dándoles nuestra confianza y nuestro voto, como si el anuncio fuera de la existencia de kilos de caramelos gratis y de tabletas de chocolate, para los niños, a la puerta de un colegio

Eso, en lo económico; porque en lo político, recortarán derechos y libertades fundamentales que se han conseguido después de muchos años de justas reivindicaciones individuales y colectivas: la libertad de expresión, la libre producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra o el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, serán duramente decapitados, no sé si con una motosierra o con un lanza llamas, pero, estoy seguro que implantarán la censura y nos querrán tapar la boca. NEGRO FUTURO NOS ESPERA SI LOS CIUDADANOS NO ACTUAMOS A TIEMPO, DE FORMA PREVENTIVA, PARA EVITAR EL CAOS.