La marcha convocada por la Asamblea de Inquilinas recorrió el trayecto entre la plaza de Anaya y la plaza Mayor, reclamando una bajada del 30 % en los alquileres, contratos indefinidos y la paralización de desahucios, con el respaldo adicional de las 23 familias afectadas por la SAREB en Babilafuente.
Alrededor de 200 personas han recorrido este domingo las calles del centro de la capital salmantina en una manifestación convocada por la Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS). El objetivo principal de la movilización ha sido informar sobre la huelga por la vivienda prevista para el próximo 11 de noviembre y reivindicar un modelo que retire este bien de primera necesidad de las dinámicas mercantiles.
Bajo el lema "Manifestación hacia la huelga general", la protesta se ha desarrollado como un pasacalles informativo que ha partido desde la plaza de Anaya hasta concluir en la plaza Mayor. Al término del recorrido, los participantes han procedido a la lectura de un manifiesto para detallar los motivos de la protesta y las demandas del colectivo.
Desde la organización defienden que el actual problema de acceso a un hogar responde a un sistema que prioriza el beneficio económico frente a las urgencias ciudadanas. "La vivienda se trata como una mercancía y una fuente de rentabilidad, en lugar de tratarla como lo que es, un bien necesario para la clase trabajadora", recoge el texto leído al finalizar la marcha.
En este sentido, el portavoz de la Asamblea de Inquilinas, Juan Andrés González, ha alertado sobre las trabas económicas que afrontan los ciudadanos para mantener un techo. "La clase trabajadora está ahogada, los salarios no dan para pagar las viviendas y lleva siendo bastante tiempo el momento de organizarnos y de luchar por lo que es nuestro, de luchar por nuestros intereses", ha señalado.
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El documento presentado durante la jornada incluye una batería de medidas concretas para reformar el sector inmobiliario. La plataforma exige transformar la preocupación individual de cada afectado en una respuesta compartida mediante la aplicación de las siguientes políticas:
"Por ello, nosotras exigimos la reducción de los alquileres al menos en un 30 %, la creación de contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de los desahucios y de los pisos turísticos. También exigimos la expropiación de viviendas vacías y de aquellas en manos de fondos de inversión y especuladores para destinarlas a cubrir necesidades sociales", detalla literalmente el manifiesto de la AIS.
Otro de los ejes de la convocatoria ha sido el asesoramiento legal de cara a la jornada de paro del 11 de noviembre. La plataforma ha recordado a los asistentes que cualquier empleado tiene la potestad de secundar la protesta con independencia de su afiliación sindical.
"El derecho a huelga está protegido por la ley y prohíbe tanto el despido disciplinario como cualquier tipo de represalia o sanción por ejercerlo. Todos los trabajadores pueden secundar la huelga, estén o no afiliados a un sindicato, sin aviso previo ni justificación alguna, y ante cualquier incidencia, grabar las pruebas y hablar con vuestra sección sindical", expone el comunicado de la organización.
Por su parte, Juan Andrés González ha matizado que la implicación ciudadana debe ir más allá de las urnas. "No simplemente se puede participar políticamente mediante un voto cada cuatro años, sino que la lucha política, la lucha por los intereses de nuestra clase, es algo que se tiene que intentar hacer todos los días", ha afirmado el portavoz. Para estructurar esta actividad, el Sindicato de Inquilinas celebra asambleas periódicas los segundos y cuartos domingos de cada mes.
La movilización por el centro de Salamanca ha contado con la participación activa de la Asociación de Vecinos La Estación de Babilafuente. Este colectivo reclama una alternativa habitacional para 23 familias del municipio —muchas de ellas en situación de vulnerabilidad— que se encuentran amenazadas con perder sus hogares por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocida como el "banco malo".
El portavoz de la agrupación vecinal y afectado directo por este proceso, Emilio García, ha expuesto durante la jornada la contradicción existente entre el rescate al sector financiero y la actual inseguridad residencial. "Recordemos todos que se rescató a los bancos con dinero público, y que ese dinero público con el que se rescató a los bancos está ahora en todas estas propiedades. Estas propiedades están pagadas de sobra por el dinero público, por el dinero de todos. Entonces, hagamos un poquito de memoria y recordemos que si somos todos para rescatar a los bancos, ahora es el momento en que los bancos, el Gobierno y las aseguradoras tienen que responder ante la ciudadanía", ha manifestado.
Asimismo, García ha apelado a la unión vecinal para hacer frente a unos procedimientos judiciales que suelen tramitarse de manera aislada. "Estos son desahucios silenciosos, que se llaman, de lo que no se habla en prensa ni en televisión. Entonces hay que organizarse", ha indicado el representante de Babilafuente, quien ha animado a otros ciudadanos en circunstancias similares a buscar asesoramiento y contactar con personas que hayan atravesado el mismo problema.
La presencia de los afectados de la comarca de Las Villas ha visibilizado la dimensión provincial del conflicto inmobiliario. La jornada ha concluido con un llamamiento de la AIS a mantener esta coordinación colectiva hasta el 11 de noviembre para exigir cambios normativos que garanticen el acceso a la vivienda.