Más de siete años de cárcel para un funcionario de Topas por agresiones sexuales a una interna

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un funcionario del Centro Penitenciario de Topas como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual a una interna y de un delito de abuso de la función pública. La sentencia, dictada el 19 de octubre de 2026, le impone dos penas que suman un total de siete años y ocho meses de prisión.

Según recoge la resolución judicial, los hechos probados se produjeron entre septiembre de 2023 y enero de 2024. El acusado desempeñaba labores de área mixta en el economato del centro, encargado de pedir productos para suministrarlos a los distintos módulos a los que tenía libre acceso, incluido el módulo número uno, donde trabajaba la víctima.

Aprovechándose de su condición de funcionario de prisiones, el procesado sometió a la reclusa a besos y tocamientos por encima y debajo de la ropa en el pecho, glúteos y vagina. Además, la obligó a masturbarle en algunas ocasiones y llegó a pedirle que le hiciera una felación, a lo que ella no accedió.

Coacciones y situación de superioridad

El tribunal aprecia las agravantes de relación de superioridad, vulnerabilidad de la víctima y el carácter particularmente degradante o vejatorio de los hechos. La sentencia detalla que los ataques contra la libertad sexual fueron acompañados de coacciones y acoso psicológico capaces de producir temor en la interna sobre su puesto de trabajo dentro de la prisión.

De acuerdo con el testimonio de la víctima recogido en la resolución, los episodios duraban entre cinco y 10 minutos, sin riesgo de ser vistos porque las presas compran por una ventana y él accedía por la puerta por la que meten los productos. El funcionario se señalaba el escudo del uniforme, le recordaba que era su jefe y que ella era una presa, y le advertía de que si no quería perder el trabajo tendría que hacer lo que él le dijera y que, si no era buena, "podrían pasarle muchas cosas".

La mujer no denunció desde el primer momento "por miedo, por vergüenza, por verme sobrepasada por la situación", según declaró en el proceso. Finalmente decidió hacerlo porque empezó a encontrarse muy mal y habló con una persona de Cáritas que la animó a dar el paso. Tras los hechos enjuiciados, la interna continuó trabajando en el economato a petición propia, mientras que el funcionario cesó en sus funciones.

Muestras recogidas por la propia víctima

Junto a la declaración de la interna, que el tribunal considera coherente y persistente, la causa ha contado con informes periciales determinantes. En una de las ocasiones en que fue obligada a masturbar al acusado, la víctima logró recoger muestras de semen en un papel y en un trozo de manta.

La mujer guardó estas muestras en una bolsa de plástico bajo su custodia, primero en el economato y más tarde en su celda, hasta que presentó la denuncia y se las entregó al subdirector de Seguridad. Siguiendo el protocolo penitenciario, el material fue custodiado en una caja fuerte hasta su entrega a la Guardia Civil, que lo depositó en la clínica médico forense.

Los análisis realizados por el Servicio de Biología del INTCF confirmaron la presencia de semen humano y otros restos celulares de varón. Al realizar el tipado de ADN de estas muestras y compararlo con la muestra indubitada tomada al acusado mediante hisopos de mucosa bucal, el resultado arrojó un perfil genético coincidente con el del funcionario, sin que la sala haya apreciado fallos en la cadena de custodia ni riesgos de contaminación.

Penas impuestas e indemnización

En el juicio oral, celebrado el 13 de octubre de 2026, el acusado declaró por primera vez para negar los hechos y afirmar que se había masturbado él mismo, una versión que la Audiencia Provincial considera "huérfana de elementos internos y externos de veracidad". El tribunal sí ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño, dado que el procesado consignó 2.500 euros con anterioridad a la vista.

En concreto, el fallo impone al funcionario las siguientes condenas y medidas:

• Por el delito continuado de agresión sexual: cinco años y dos meses de prisión, e inhabilitación absoluta durante 10 años.
• Por el delito de abuso de la función pública: dos años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta durante nueve años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo.
• Prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio donde se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años.
• Medida de libertad vigilada durante un periodo de cinco años.
• Indemnización de 2.500 euros en concepto de responsabilidad civil por las secuelas ocasionadas, al haberse agravado la sintomatología previa que padecía la interna, baremada por el médico forense en dos puntos de secuela, más el pago de las costas procesales.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca no es firme. Contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro de los 10 días siguientes a su última notificación.