Las tres organizaciones agrarias de la provincia fletarán autobuses para acudir a la protesta nacional del próximo miércoles 28 de octubre en la capital de España. La marcha, a la que se sumarán columnas de tractores, partirá de la plaza de la Independencia hasta el Ministerio de Agricultura para reclamar la rentabilidad de las explotaciones.
ASAJA Salamanca, COAG Salamanca y la Unión de Campesinos de Salamanca (UCCL) han realizado un llamamiento a los agricultores y ganaderos de la provincia para participar en la movilización nacional del próximo 28 de octubre en Madrid. El objetivo de la convocatoria es defender la rentabilidad de las explotaciones y reclamar unas condiciones que permitan vivir dignamente del trabajo en el campo salmantino.
La protesta, convocada a nivel nacional por ASAJA, COAG y Unión de Uniones bajo el lema "Dar de comer tiene que dar para vivir", partirá de la plaza de la Independencia y finalizará frente al Ministerio de Agricultura, en Atocha. Al recorrido a pie se sumarán también distintas columnas de tractores.
Las organizaciones agrarias trasladarán a las administraciones cinco grandes reivindicaciones: medidas frente a los costes de producción, una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto suficiente, precios justos, reciprocidad en los acuerdos comerciales y una reducción efectiva de la burocracia. Con este acto buscan visibilizar unas demandas que afectan al futuro de las explotaciones, al empleo, a la economía y a la vida de los pueblos de Salamanca bajo la consigna "Por un campo con futuro: soluciones ya".
Para facilitar el desplazamiento de los profesionales del campo salmantino hasta Madrid, las tres organizaciones agrarias habilitarán autobuses. Las personas interesadas deben contactar con las oficinas para apuntarse y consultar los horarios y puntos de salida, que no han sido detallados en el comunicado general:
Los convocantes denuncian que el encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes, la energía y los piensos está reduciendo los márgenes de las explotaciones, sin que los productores puedan trasladar esas subidas a los precios que perciben. Por ello, reclaman un plan de choque y la implantación de un gasóleo profesional agrícola con fiscalidad reducida y estable, además de una bonificación directa al repostar.
Mientras esta medida se pone en marcha, solicitan que las ayudas cubran el 70 % del sobrecoste real del combustible, sin topes y durante el tiempo que se prolongue la crisis. Asimismo, reivindican medidas fiscales y una tarifa eléctrica adaptada a las necesidades del regadío y de la ganadería.
Otra de las demandas principales del sector agrario es la defensa de una PAC con presupuesto propio y suficiente para el periodo 2028-2034, sin recortes en términos reales y manteniendo sus dos pilares: los pagos directos y el desarrollo rural. Las organizaciones piden que esta política apoye a quienes producen y viven del campo y facilite la incorporación de nuevas generaciones.
En materia de precios, exigen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria mediante más inspecciones, recursos suficientes para los organismos de control y sanciones eficaces frente a las prácticas abusivas. Reclaman importes que respeten los costes efectivos de producción, contratos equilibrados y mecanismos de revisión cuando los gastos se disparen.
La movilización en Madrid también exigirá reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países para evitar que los productores europeos compitan en desigualdad. Para ello, solicitan cláusulas espejo efectivas, controles rigurosos en frontera, trazabilidad y un etiquetado claro del origen.
En cuanto a la gestión administrativa, el manifiesto reclama una simplificación real de los trámites, la eliminación de duplicidades y el fin de las obligaciones digitales desproporcionadas. Piden normas técnicamente fundamentadas y viables, así como el reconocimiento del derecho al error para que un fallo leve o sin daño no sea sancionado como un fraude.
Por último, la apicultura contará con reivindicaciones específicas durante la jornada. Las organizaciones demandan medidas para garantizar la rentabilidad de las explotaciones apícolas, mayor vigilancia frente a la adulteración de la miel, un etiquetado claro de su origen y controles eficaces sobre las importaciones para frenar la competencia desleal.
