La jornada tendrá 25 horas oficiales en un ajuste marcado por el debate europeo sobre el ahorro energético y el descanso.
España iniciará el horario de invierno durante la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026. En ese momento habrá que retrasar los relojes 60 minutos, lo que provocará que la jornada cuente oficialmente con 25 horas en lugar de las 24 habituales.
El ajuste se encuentra fijado en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), manteniendo el sistema estacional vigente. La medida se lleva a cabo en los periodos de transición en los que se registran variaciones acusadas en las horas de luz solar debido a la inclinación de la Tierra.
Históricamente, la modificación se diseñó con el objetivo de aprovechar la iluminación natural y favorecer el ahorro de energía en las jornadas laborales. No obstante, el impacto económico real permanece cuestionado hoy ante el uso de tecnologías eficientes y la alteración de las rutinas de consumo en los hogares.
El retraso horario variará en función del huso de cada zona geográfica durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre:
Al repetirse una hora durante la noche, se podrá dormir una hora más, aunque a partir de ese día se reducirá la luz natural durante las tardes.
Pese a que el calendario quinquenal fijado en marzo de 2022 por el Real Decreto 236/2002 concluía formalmente en 2026, la práctica seguirá vigente. Los siguientes cambios ya recogidos marcan un adelanto horario el 28 de marzo de 2027 y un nuevo retraso el 31 de octubre de 2027.
La continuidad del modelo depende de la Unión Europea. Aunque la Comisión Europea impulsó en 2019 una iniciativa para que cada país eligiera entre el horario de verano o el de invierno, las discrepancias entre los Estados miembros sobre qué franja mantener de forma fija paralizaron la propuesta. Representantes comunitarios, como el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, se han mostrado partidarios de suprimir el cambio por las complicaciones socioeconómicas que acarrea, pero la falta de acuerdo definitivo obliga a mantener el sistema actual.