CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación de 23 nuevas plazas en las 22 agrupaciones municipales que sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz. La organización advierte de que el 95,5 % de estas sedes carece de personal de Tramitación Procesal y sufre menores retribuciones.
El Sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) en Salamanca denuncia que las nuevas Oficinas de Justicia en los Municipios (OJM) y sus agrupaciones han nacido con plantillas insuficientes en la provincia. Según informa el sindicato, estos centros, creados por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para sustituir a los antiguos Juzgados de Paz, sufren además una discriminación retributiva respecto al resto de sedes judiciales.
En el conjunto de Castilla y León funcionan 159 OJM atendidas por 332 efectivos de los Cuerpos Generales, dentro de las 355 oficinas y 888 trabajadores del ámbito no transferido. En la provincia salmantina, el Anexo consolidado de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 5 de febrero de 2026 estructura 22 agrupaciones con 47 puestos en total: 22 de Gestión-Secretaría, uno de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y 23 de Auxilio Judicial.
Estos efectivos se reparten entre los cinco partidos judiciales de la provincia para atender tanto las funciones propias como el Registro Civil:
De acuerdo con los datos aportados por CCOO, el Ministerio de Justicia ha diseñado las plantillas sin considerar la carga de trabajo ni la población real. En concreto, 21 de las 22 agrupaciones salmantinas cuentan con la dotación mínima de dos efectivos: una plaza de Gestión-Secretaría y otra de Auxilio Judicial.
El sindicato señala como los casos más graves de la provincia las agrupaciones de Santa Marta de Tormes, con 19.996 habitantes, y Alba de Tormes, con 14.958 habitantes. Ambas disponen de dos funcionarios, la misma plantilla asignada a agrupaciones de poco más de 7.000 habitantes.
Para adecuar el personal al volumen poblacional, dentro de las 17 plazas reclamadas en la comunidad autónoma (72 en el ámbito del Ministerio), CCOO exige la creación inmediata de cuatro nuevas plazas en la provincia: una de Gestión Procesal y una de Tramitación Procesal en Santa Marta de Tormes, e idéntica dotación de dos puestos para Alba de Tormes.
La Ley de Eficiencia ha asignado a estas oficinas municipales la tramitación de asuntos judiciales que competen a los Tribunales de Instancia de su partido judicial. Esta medida figura en las RPT mediante el código OJ ("Actividad compatible con la de la Oficina judicial del partido") en todos los puestos de las OJM salmantinas.
Durante la negociación de las relaciones de puestos, el Ministerio aceptó el compromiso reclamado por el sindicato de que "para establecer esta compatibilidad de actividades deberá realizarse un análisis de la carga de trabajo de cada oficina de justicia. La asignación de actividad compatible a cada oficina de justicia en el municipio, cuando la carga de trabajo lo permita, se realizará previa negociación sindical". Según denuncia la organización sindical, este análisis aún no se ha ejecutado.
Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 476, 477 y 478) exige la participación de todos los cuerpos generales (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) para tramitar estos asuntos. Sin embargo, solo una de las 22 agrupaciones salmantinas —la de Topas— dispone de una plaza de Tramitación Procesal, por lo que el 95,5 % carece de este cuerpo.
Por este motivo, CCOO reclama dotar con un puesto de Tramitación Procesal a las 19 agrupaciones restantes con actividad compatible (todas aquellas de menos de 15.000 habitantes que no son Topas, Santa Marta ni Alba de Tormes). Sumadas a las cuatro plazas por criterio de población, la exigencia sindical asciende a un total de 23 nuevas plazas en la provincia (dos de Gestión Procesal y 21 de Tramitación Procesal).
El análisis sindical comparativo entre la RPT de las OJM y las de los Servicios Comunes de Tramitación (SCT TI) y Oficinas Generales del Registro Civil de Fase 1 en Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino refleja varias diferencias retributivas: