El procurador socialista Fran Díaz y la secretaria provincial de Educación, Erica Polo, advierten del deterioro de la enseñanza pública salmantina y alertan de que otros cinco centros están en riesgo de clausura. La formación respalda el paro convocado en la comunidad para el próximo 4 de noviembre ante los recortes en el medio rural y la pérdida de poder adquisitivo del profesorado.
El procurador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Salamanca, Fran Díaz, y la secretaria provincial de Educación de la formación, Erica Polo, han comparecido en rueda de prensa para analizar el inicio del curso escolar. Ambos representantes han denunciado el deterioro continuado de la enseñanza pública en la provincia y han expresado su respaldo a la huelga de docentes convocada para el próximo 4 de noviembre en Castilla y León.
Durante su intervención, Díaz ha señalado que las carencias registradas en campañas anteriores se mantienen en el actual periodo lectivo. El procurador ha calificado de estructurales los problemas que afectan a los municipios salmantinos y ha subrayado que el cierre de aulas se ha convertido en una constante al comienzo de las clases. "Ya venimos lamentando, por desgracia, el cierre de hasta nueve colegios en nueve municipios de la provincia en los últimos tres años", ha manifestado el parlamentario, quien ha advertido de que existen otros cinco centros en riesgo de clausura, algunos de ellos en la capital salmantina.
A juicio del representante socialista, este retroceso no responde únicamente a factores demográficos, sino también a una directriz ideológica de la Junta de Castilla y León orientada a derivar alumnado hacia la enseñanza concertada y privada. Asimismo, en el turno de preguntas, Díaz ha valorado que el proyecto presupuestario autonómico en materia educativa constituye un "refrito decepcionante" que repite partidas sin ejecutar de ejercicios previos.
El procurador salmantino ha expuesto diversas deficiencias en las infraestructuras y servicios educativos de la provincia, tanto en el alfoz como en las comarcas rurales, además de avanzar una iniciativa parlamentaria en las Cortes autonómicas:
Además de estos casos concretos, Díaz ha indicado que los ayuntamientos asumen cargas financieras extraordinarias para afrontar averías estructurales en los edificios escolares ante la reducción del apoyo de las administraciones regional y provincial. También ha criticado la falta de cobertura de monitores en el programa Conciliamos al inicio del curso, ha considerado insuficientes los avances en la etapa de cero a tres años y ha rechazado cualquier intención de concertar las etapas educativas superiores.
Por su parte, la responsable de Educación de la ejecutiva provincial socialista, Erica Polo, ha centrado su análisis en la situación sociolaboral del profesorado en la comunidad. Polo ha denunciado una pérdida de poder adquisitivo derivada de la falta de actualización de las retribuciones básicas que dependen en exclusiva del Gobierno autonómico. "Lleva congelado durante 20 años, es el único que depende de ellos, en cambio, no lo están subiendo", ha afirmado en referencia al complemento específico docente.
La dirigente socialista ha reprochado que la administración obligue a los profesionales a elegir entre la carrera profesional y el cobro de los sexenios consolidados. De igual modo, ha calificado de insuficientes los 20 euros brutos asignados en concepto de tutorías y ha reclamado tiempo efectivo para que los docentes puedan atender las consultas de las familias.
En relación con la atención en las aulas, Polo ha explicado que los centros registran una mayor diversidad y casos con necesidades específicas, dislexia o desfases curriculares por incorporación tardía, sin contar con los refuerzos necesarios. Según ha expuesto, las ratios oficiales de alumnos no reflejan la realidad de colegios e institutos con alta conflictividad en los que conviven múltiples niveles educativos sin docencia compartida de apoyo.
Finalmente, la secretaria provincial de Educación ha alertado de lo que considera una privatización encubierta en las enseñanzas técnicas de Formación Profesional. Polo ha sostenido que la provincia de Salamanca no oferta suficientes plazas públicas en las disciplinas con mayor empleabilidad, lo que obliga a las familias a costear alternativas formativas privadas.