El Ayuntamiento de Salamanca mantendrá congelados todos los impuestos municipales por decimotercer año consecutivo de cara a 2027. Por exigencias contractuales, las tarifas del autobús urbano y otros servicios se incrementarán un 3,2 % a partir del IPC de mayo.
El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha presentado el Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales para el año 2027. El documento contempla, por decimotercer año consecutivo, la congelación íntegra de los impuestos de la ciudad, medida que atañe al IBI, la plusvalía, el ICIO, el IAE y el impuesto de vehículos.
Esta contención se extiende a la práctica totalidad de las tasas y precios públicos locales. Según ha remarcado el responsable municipal, la estabilidad fiscal frente a inflaciones acumuladas cercanas al 30 % ha evitado un sobrecoste notable a las familias, destacando que en el caso exclusivo del IBI —que registró una rebaja del 5 % en 2019— la congelación ha supuesto un ahorro acumulado de entre 13 y 14 millones de euros para los contribuyentes.
El proyecto incorpora la actualización por imperativo legal de determinadas tarifas sujetas a contratos públicos conforme al IPC. El equipo de gobierno ha aplicado la tasa interanual del pasado mes de mayo, fijada en el 3,2 %, por resultar más favorable que la registrada en agosto. Esta revisión incidirá en el suministro de agua, alcantarillado, depuración, servicios funerarios, estacionamiento regulado, grúa y en el transporte urbano.
Respecto al servicio de autobús, Rodríguez ha señalado que las arcas municipales sufragan el 80 % del coste total, mientras que los usuarios aportan el 20 % restante a través de sus títulos de viaje. Tras la subida del 3,2 %, las tarifas del transporte quedarán establecidas del siguiente modo:
En el ámbito de las medidas de fomento económico, el Consistorio reforzará los incentivos en la tasa por licencia urbanística. En concreto, el gravamen reducido pasará de contar con una rebaja del 50 % a disponer de una bonificación del 90 % de cara al próximo ejercicio.
Este beneficio fiscal se destinará exclusivamente a dos supuestos: la edificación de viviendas de protección pública y las intervenciones promovidas por emprendedores o empresarios que ejecuten obras de reforma o ampliación en locales comerciales para su actividad.
La propuesta adecúa la tasa de recogida de basuras a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, marco que obliga a cubrir la totalidad del coste del servicio y a computar el volumen real de residuos generados. Con la aplicación de coeficientes vinculados a la producción y al reciclaje, el tributo tendrá un impacto desigual entre la población.
La cuota se reducirá para el 13 % de los contribuyentes, correspondiente a inmuebles ubicados en calles de quinta a séptima categoría y determinados establecimientos comerciales. En contraste, las viviendas clasificadas de primera a cuarta categoría —que representan al 75 % de los vecinos— registrarán un incremento medio estimado en 63 céntimos de euro al mes debido al alza en la generación de materia orgánica.
El calendario de tramitación fija un pleno extraordinario el próximo 16 de octubre para el dictamen inicial del proyecto, tras el cual comenzará el periodo de información pública de 30 días hábiles con el objetivo de culminar la aprobación definitiva antes de que finalice el año.
Fotos de David Sañudo