Los tambores electorales

La no convalidación -contra pronóstico, según avanzaban las negociaciones de los grupos políticos- por el Congreso de los Diputados de los dos decretos-leyes que, por urgente e inaplazable necesidad había promovido el Gobierno para atajar los graves problemas de una inmensa mayoría de ciudadanos para el acceso a la vivienda, ha conmocionado al Gobierno y todo apunta que el presidente disolverá las Cortes en los próximos días y propondrá la convocatoria de elecciones a finales de año.

Quizá, ahora más que nunca -en los procesos electorales que se han celebrado desde la transición política de la dictadura de Franco a la democracia constitucional que disfrutamos los españoles- hay una clarísima identificación entre las formaciones políticas progresistas o de izquierdas, partidarias de las políticas públicas universales para todos los ciudadanos (sanidad, educación, y derechos sociales como el del derecho a la vivienda digna y la función social de la propiedad que establece nuestra CE) y las conservadoras o de derechas, más partidarias de un liberalismo económico salvaje, de la privatización de los servicios públicos esenciales y de la expulsión de todos los extranjeros pobres (a los ricos y explotadores les ponen las alfombras rojas), los “perroflautas”, a quienes consideran inferiores, aunque estén realizando los trabajos más denigrantes que no hacemos los españoles.

Y el ejemplo más evidente ha sido el rechazo por parte de los grupos políticos conservadores y ultras, de medidas de políticas públicas para el acceso a la vivienda de los más vulnerables y de la derogación de los desahucios para inquilinos que, por la usura, la especulación y el egoísmo de los propietarios, les es imposible hacer frente a los abusivos precios de los alquileres. Las formaciones conservadoras y ultras, además de Junts (formación política que, ojalá no me equivoque, desaparecerá de la esfera electoral en los próximos comicios) se han posicionado del lado de los fondos de inversión más conocidos como “fondos buitres”, quienes aprovecharon la crisis económica para adquirir a precios irrisorios cientos y cientos de bloques de viviendas (en el barrio de las letras, de Madrid, por ejemplo, compraron miles de pisos a 60.000 euros cuando ahora los venden a más de medio millón) para especular y obtener billones y billones de euros de beneficios, mientras las familias más vulnerables son expulsadas de viviendas en las que llevan habitando toda su vida, como el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años, sin una alternativa habitacional, que vivía sola con una modesta pensión y a quien habían incrementado exponencialmente el alquiler de la vivienda que ocupaba y que le resultaba imposible de pagar.

Con la negativa de los ultras de PP, VOX y JUNTS a proteger los derechos de los inquilinos más vulnerables -sin merma alguna para los pequeños propietarios de viviendas, a quienes se les protegería con fondos públicos de los alquileres que no cobrasen por impago del inquilino-, demuestran que tienen intereses económicos en esos “fondos buitres”, a los que no están dispuestos a renunciar. Poco o nada les preocupan los intereses generales de los ciudadanos y sí la especulación inmobiliaria y los grandes lobbies, a quienes entregan la gestión de las políticas públicas universales (educación, sanidad o servicios sociales y dentro de poco, si llegan a gobernar, les entregarán también la gestión de las pensiones de jubilación).

La deriva reaccionaria que ha experimentado la derecha española es, por otra parte, incuestionable. Sus líderes califican de diferente forma situaciones idénticas, dependiendo si les favorecen o les perjudican. El ejemplo más claro lo están dando el alcalde de Madrid, Almeida y la presidenta de la Comunidad, Ayuso. Cuando manifestantes violentos causaban daños en las sedes del PSOE, al mobiliario urbano, quemaban muñecos con la figura de Pedro Sánchez e incitaban constantemente al odio; calificaban esas reuniones y manifestaciones de actuaciones de la libertad de protesta y de expresión; ahora, cuando han acampado pacíficamente miles de personas en la Puerta del Sol, ambos personajes califican a los manifestantes de “bilduetarras y terroristas” que llevan armas, adoquines y que hacen pintadas como la que han puesto en el cartel que indica la sede de la Comunidad de Madrid, en la que textualmente se dice “aquí se torturaba”, expresión absolutamente certera, porque fue la sede de la antigua Dirección General de Seguridad, donde no sólo se torturaba a los detenidos, sino que también se mataba. Esa es la estatura política de Almeida y Ayuso. Esta última, además de ser un personaje político soberbio y autoritario, tiene un bagaje personal mediocre que le queda muy grande el gobierno de la Comunidad -mejor dicho, no gobierna, manda como si la región fuera un cortijo de su propiedad- y que cuando habla, escupe odio y la expresión de sus ojos es más parecida a la que resalta el pintor Goya de Saturno en su famoso cuadro del mismo título.

Cierto es que hay muchos poderes económicos y mediáticos en Madrid y para éstos es más fácil tener un títere de gobernante para manejarlo bien que un político de altura que trabaje por el interés general de todos los ciudadanos. Y, si no, que se lo pregunten a Pablo Casado, que en cuanto intentó destapar las presuntas “miserias” de Ayuso y su familia, le cortaron políticamente la cabeza y no se le ha visto más en la vida política. ¿Qué habrá debajo de las alfombras de las diferentes oficinas del edificio de la antigua Real Casa de Correos de Madrid? Desconozco los años que pasarán, pero estoy seguro que algún día se conocerá.

Para finalizar, nada de esto ocurriría en el PP si el presidente de este partido fuera ese político aparentemente serio y dialogante e impusiera la cordura en esta formación política -aunque a mí siempre me pareció un lobo con piel de cordero, con un pasado oscuro, porque nunca ha aclarado si siendo un alto cargo de la Xunta de Galicia tuvo alguna relación comercial, además de personal, con su amigo, el narcotraficante Marcial Dorado-. Por su parte, tampoco ha aclarado nunca cómo adquirió su plaza de asesor jurídico de la Xunta de Galicia, a la que previamente accedió en situación de interino y fue líder sindical de la Agrupación de Funcionarios interinos y Contratados Administrativos (AFICA), organizando huelgas, encierros y protestas varias hasta que consiguió que se diseñara una ley a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga, a través de la cuál adquirió la plaza de funcionario de carrera; es decir, una oposición “ad hoc”. En la oposición no hacía falta aprobar en sentido estricto. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización de interinos con años de servicio”. Lo curioso es que este sistema sólo se aplicó aquél año y fue en ese contexto en el que Feijóo consiguió la plaza de funcionario en el Cuerpo Superior de la Administración. Inmediatamente después de conseguir la plaza, el sindicato AFICA desapareció. El sindicalista Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha dicho que ya por aquella época Feijóo era un “trepa”. Lo curioso es que ahora Feijóo se queje del elevado número de sueldos públicos que asume el Estado y que debe haber más economía productiva y menos funcionarios.

Creo que el pasado de Feijóo le delata y pueden aplicársele aquellos refranes populares que dicen lo siguiente: “cada uno jala para su molino”, “primero mis dientes que mis parientes” o “ande yo caliente y ríase la gente”. Es decir, primero atiende sus necesidades, aunque con ello perjudique a los demás; acciones egoístas en defensa de sus propios intereses. Esto, en la ciudadanía en general puede entenderse como normal, aunque la solidaridad también es un atributo humano, y muy loable; pero, lo que no parece tan adecuado es que alguien que tiene que trabajar por el bien común, lo que le importe realmente sean sus propios intereses, sin preocuparse por los de los demás.