"La solución a los problemas de vivienda la tienen que dar las instituciones"

El Aula Salinas de la Universidad de Salamanca (USAL) ha inaugurado el VIII Congreso de Derechos Humanos y personas especialmente vulnerables, un foro de debate que se desarrollará hasta el próximo 30 de septiembre. El acto de apertura ha contado con la participación del vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, acompañado por la decana de la Facultad de Derecho, Mª Ángeles Guervós Maillo, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el fiscal jefe provincial, Juan José Pereña Muñoz, y la directora académica del encuentro, Inmaculada Sánchez Barrios.

Durante dos jornadas, este foro académico articulará diversas mesas redondas con el objetivo de analizar los derechos fundamentales desde un enfoque prioritario en colectivos como las personas con discapacidad, los mayores, las mujeres, los menores y los migrantes. La cita cuenta además con una marcada perspectiva internacional para abordar crisis humanitarias en diferentes puntos del planeta.

La directora académica, Inmaculada Sánchez Barrios, ha destacado la importancia de analizar situaciones críticas como la de Irán, donde existe "un enorme problema" de vulnerabilidad para quienes se oponen al régimen, especialmente en el caso de las mujeres. Asimismo, el congreso se enmarca en los actos conmemorativos del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, recordando el legado de Francisco de Vitoria y su histórica defensa de la protección de todos los seres humanos sin distinción.

El papel de las instituciones en la crisis de la vivienda

Uno de los temas de mayor impacto social abordados en el encuentro ha sido la vulnerabilidad habitacional y los recientes casos de desahucios que afectan a personas de avanzada edad. Sánchez Barrios ha mostrado su "total empatía" hacia los afectados, aunque ha recordado la necesidad de respetar las sentencias judiciales firmes para mantener la seguridad jurídica.

En este sentido, la directora académica ha lanzado una firme reivindicación dirigida a las administraciones públicas. "La solución no la tienen que dar los particulares, la solución la tienen que dar el Estado y las instituciones", ha aseverado, insistiendo en que no se puede trasladar la carga de este problema social a los ciudadanos de forma individual.

El reto migratorio y la complejidad jurídica en la frontera de Ceuta

El fenómeno de las migraciones ha centrado otra de las mesas de debate, con especial atención a las discriminaciones que sufren las mujeres y los niños. Al ser consultada sobre el papel de la universidad ante crisis humanitarias como la de Ceuta, la experta ha señalado que la institución académica debe centrarse en "dar a conocer la situación y la legislación" para explorar vías de mejora legislativa.

Respecto a la situación en la frontera ceutí, Sánchez Barrios ha manifestado su empatía tanto con las personas que llegan como con los residentes locales, cuyas vidas y derechos se ven alterados. Desde el punto de vista jurídico, ha advertido que la solución es compleja y ha rechazado las posturas que exigen expulsiones inmediatas. "Hay que analizar los casos y ver qué normativa se debe aplicar, con todas sus implicaciones", ha precisado.

Protección a los mayores y rechazo al paternalismo social

Ante la cercanía del Día de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, el congreso ha dedicado un espacio de reflexión a la soledad no deseada y al trato que recibe este colectivo en la sociedad actual. La directora académica ha criticado con dureza las actitudes paternalistas que a menudo se adoptan con la población de edad avanzada.

"No somos niños", ha reivindicado Sánchez Barrios, quien ha exigido que se trate a los mayores como los adultos que son, respetando su dignidad. Aunque ha reconocido que existen limitaciones y diferencias en las capacidades de defensa de cada persona, ha concluido que un tratamiento respetuoso y adecuado debe ser la base de cualquier interacción social e institucional.