La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cinco personas a penas de entre uno y cuatro años de prisión por tráfico de cocaína, hachís y marihuana. Los acusados evitaron la cárcel al aceptar los hechos y someterse a tratamientos de desintoxicación o trabajos comunitarios.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cinco personas a penas de entre uno y cuatro años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad por un delito de tráfico de drogas. Los acusados fueron detenidos en abril de 2025 en una operación policial simultánea que permitió desmantelar varios puntos de venta de sustancias estupefacientes en la capital salmantina, donde se incautaron importantes cantidades de cocaína, hachís y una plantación de marihuana.
La sentencia, dictada el pasado lunes, 21 de septiembre de 2026, por la Sección Primera del tribunal salmantino, ratifica el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y la defensa de los procesados, lo que evitó la celebración del juicio oral. Los encausados reconocieron los hechos y aceptaron las penas propuestas, que incluyen multas que suman un total de 87.000 euros.
La investigación policial se inició a finales de 2024 tras detectar vigilancias y seguimientos en torno a los domicilios de los sospechosos. Tras obtener las autorizaciones judiciales para realizar escuchas telefónicas, los agentes de la Policía Nacional procedieron el 8 de abril de 2025 a la entrada y registro simultáneo de cuatro inmuebles en Salamanca.
De la entrada y registro practicada en los diferentes domicilios de los acusados se intervinieron las siguientes sustancias e instrumentos para el tráfico de drogas:
El fallo de la Audiencia Provincial establece las siguientes condenas para los cinco implicados:
La defensa de los procesados solicitó la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, medida a la que el Ministerio Fiscal no se opuso bajo estrictas condiciones debido a la adicción a las drogas de los implicados en el momento de los hechos.
Para tres de los acusados, la pena de prisión queda suspendida por un periodo de cinco años, condicionada a que no abandonen el tratamiento de desintoxicación al que se encuentran sometidos actualmente. En el caso del cuarto, al carecer de antecedentes penales, la suspensión se fija en dos años bajo la misma condición médica de continuar su tratamiento.
Por último, para otra persona acusada se ha acordado la suspensión de la pena de prisión por la vía extraordinaria por un plazo de cinco años, con la obligación de cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad.