Licencias para mirar a otro lado (a propósito del comercio de armas)

Javier Conesa

Defensor de los derechos humanos

Las estadísticas tienen una virtud extraordinaria: son capaces de convertir cualquier realidad en una sucesión de números perfectamente ordenados. Un informe sobre exportaciones militares ocupa apenas unas decenas de páginas, enumera países, cantidades económicas, licencias concedidas y tipos de material autorizado. Todo parece limpio. Tan limpio que cuesta recordar que detrás de algunas de esas cifras existen gobiernos denunciados desde hace años por perseguir a periodistas, encarcelar opositores, restringir la libertad de expresión o aplicar la pena de muerte tras procesos judiciales que difícilmente superarían el examen de cualquier democracia occidental.

España volvió a autorizar durante el primer semestre de 2025 exportaciones de material de defensa hacia varios de esos Estados. Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Argelia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán o Filipinas aparecen repartidos entre las distintas tablas oficiales. Cada uno responde a circunstancias políticas diferentes, aunque todos comparten un elemento común: el último informe de Amnistía Internacional dedica varias páginas a documentar vulneraciones de derechos humanos cometidas dentro de sus fronteras. En unos casos se habla de torturas; en otros de detenciones arbitrarias, de ejecuciones, de persecución política o de restricciones sistemáticas a libertades que, desde Europa, solemos considerar casi evidentes.

Ninguna de esas operaciones aparece descrita en los informes oficiales con un lenguaje que invite a la preocupación. Al contrario. Todo se expresa mediante una terminología administrativa extraordinariamente precisa. Se autorizan licencias. Se examinan solicitudes. Se analizan usuarios finales. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos legales. Es un vocabulario construido para eliminar cualquier elemento emocional de la decisión. Probablemente sea necesario que así sea.

Un Estado no puede decidir cuestiones de comercio internacional utilizando categorías morales imprecisas. Necesita normas, expedientes e informes técnicos. Sin embargo, precisamente por esa misma razón, resulta inevitable preguntarse qué sucede cuando esos informes técnicos concluyen que un envío de material militar puede dirigirse a un país cuya situación en materia de derechos humanos lleva años siendo objeto de preocupación internacional.

El Gobierno insiste en que todas las operaciones son estudiadas de manera individualizada. La Secretaría de Estado de Comercio recuerda que España aplica uno de los sistemas de control más exigentes de Europa, que cada solicitud pasa por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y que, entre los criterios analizados, ocupa un lugar central el respeto a los derechos humanos en el país de destino. Jurídicamente, el procedimiento parece sólido.

Existe una legislación específica, compromisos internacionales y una normativa europea que obliga a valorar los riesgos antes de conceder cualquier autorización.

La dificultad aparece un poco más adelante. Las reuniones donde se toman esas decisiones siguen siendo secretas. No se conocen los informes utilizados para justificar cada autorización.

No se sabe qué elementos pesaron más en unos casos que en otros. Tampoco es posible reconstruir el razonamiento seguido por la Junta para concluir que una operación concreta no entraña un riesgo suficiente como para ser rechazada. El resultado es una situación curiosa: conocemos las cifras con bastante detalle, conocemos los países receptores e incluso conocemos las denuncias formuladas por organismos internacionales sobre esos mismos Estados, pero desconocemos el razonamiento que conecta unas cosas con las otras.

Ese vacío termina ocupándolo la sospecha.

No porque exista necesariamente una actuación irregular, sino porque toda decisión pública que afecta a intereses especialmente sensibles necesita ser comprendida además de ejecutada. La transparencia no sirve únicamente para controlar posibles abusos; también permite fortalecer la confianza en las instituciones cuando sus decisiones son correctas. Una resolución que no puede explicarse acaba dependiendo de un acto de fe. Y la fe nunca ha sido un buen sustituto del control democrático.

El caso de Estados Unidos ilustra bien esa complejidad. Durante el mismo periodo se autorizaron más de noventa licencias por un valor superior a los trescientos millones de euros. Formalmente, se trata de un aliado estratégico de España y de la Unión Europea. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia en su último informe el endurecimiento de las políticas migratorias, el uso desproporcionado de la fuerza policial o las restricciones sufridas por quienes participaron en determinadas protestas.

La realidad internacional rara vez permite clasificaciones sencillas entre democracias impecables y dictaduras aisladas. Casi todos los Estados conviven con contradicciones, y precisamente por ello resulta tan importante conocer de qué manera se valoran jurídicamente esas circunstancias cuando existe una solicitud de exportación sobre lamesa.

Algo parecido ocurre con Turquía. La importancia geopolítica del país es evidente. También lo son sus relaciones con la OTAN y con Europa. Al mismo tiempo, distintas organizaciones internacionales denuncian procesos penales contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. La cuestión no consiste en ignorar una de ellas, sino en explicar cómo se ponderan cuando ambas coinciden en un mismo expediente administrativo.

El comercio internacional de armamento nunca ha sido una actividad sencilla. En él confluyen intereses industriales, empleo, política exterior, alianzas militares, seguridad nacional y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Pensar que cualquiera de esos elementos puede desaparecer de la ecuación sería ingenuo.

Precisamente por esa complejidad, las decisiones necesitan un nivel de motivación especialmente elevado. Cuanto mayores son las consecuencias potenciales de una autorización, mayor debería ser también el esfuerzo por explicar por qué se concede.

Quizá la discusión pública se ha centrado demasiadas veces en una pregunta equivocada. El debate no consiste únicamente en determinar si España debe o no exportar material militar. Ningún Estado moderno ha renunciado completamente a esa industria. La cuestión verdaderamente relevante es otra: bajo qué condiciones se considera aceptable hacerlo, qué riesgos se estiman asumibles y qué límites existen cuando el país de destino presenta un historial preocupante en materia de derechos humanos.

Mientras esas respuestas permanezcan ocultas tras el secreto de las deliberaciones administrativas, las cifras seguirán publicándose cada año con la misma precisión contable. Cambiarán los importes, cambiarán algunos destinos y cambiarán los gobiernos. Lo único que continuará siendo exactamente igual será la dificultad para comprender por qué unas operaciones reciben luz verde y otras, si es que alguna vez ocurre, son rechazadas.