Recuerda que las empresas adjudicatarias son conocedoras de la normativa a cumplir en las obras provinciales.
Tras la rueda de prensa de esta mañana del PSOE sobre el incendio de Monsagro, en la que destacaba que "se originó por obras provinciales con maquinaria prohibida", al tiempo que pedían la dimisión del diputado de Carreteras de Salamanca, Jesús María Ortiz, por "presunta negligencia", el Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha contestado con el siguiente comunicado:
"Ante las declaraciones realizadas esta mañana por el Partido Socialista de Salamanca, en relación con el incendio registrado en una carretera provincial el pasado mes de julio, y ante la petición de dimisión formulada hacia el diputado de Carreteras, el Grupo Popular de la Diputación considera necesario aclarar los hechos y evitar que se atribuyan a la Diputación responsabilidades que corresponden, conforme a la normativa y al propio funcionamiento del contrato, a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.
En el momento de los hechos se encontraba vigente un nivel máximo de riesgo de incendio, circunstancia que era conocida por las empresas que desarrollaban trabajos en el territorio y que implicaba la obligación de adoptar las medidas preventivas correspondientes, incluida, cuando así lo establece la normativa, la paralización de determinadas actividades.
En este sentido, la empresa adjudicataria era conocedora de la situación de riesgo y de las obligaciones derivadas de la alerta vigente. Según ha manifestado la propia empresa, esta información fue trasladada a sus trabajadores.
Por tanto, una vez comunicadas las condiciones de riesgo y las obligaciones de paralización, corresponde a la empresa adjudicataria garantizar que sus trabajadores y los medios empleados en la ejecución de los trabajos cumplan estrictamente, en este caso, con la normativa de prevención de incendios.
La Diputación quiere dejar asimismo claro que tanto los medios humanos como materiales, en este caso, la maquinaria con la que se estaban realizando los trabajos no es propiedad de la institución provincial, sino de la empresa adjudicataria responsable de la ejecución de los mismos.
La institución provincial cumple su función como entidad contratante, estableciendo las condiciones de los contratos y exigiendo a las empresas adjudicatarias el cumplimiento de la legislación aplicable. La ejecución material de los trabajos corresponde a las empresas contratistas, que deben adoptar las medidas de seguridad necesarias y cumplir las restricciones establecidas por las autoridades competentes.
Precisamente por ello, la institución provincial considera que no se puede confundir la responsabilidad de la Administración como contratante con la responsabilidad directa de la empresa encargada de ejecutar los trabajos, especialmente cuando esta conocía la situación de alerta, había trasladado dicha información a sus trabajadores y era responsable de los medios materiales utilizados.
La Diputación seguirá trabajando para garantizar la correcta prestación de los servicios provinciales y el cumplimiento de todas las medidas de prevención necesarias, especialmente en situaciones de máximo riesgo de incendio".