Castilla y León no asistirá a la Conferencia de Infancia y exige el retorno de los menores a Marruecos

La Junta de Castilla y León ha comunicado oficialmente que no asistirá a la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el próximo 13 de agosto. El Gobierno autonómico adopta esta medida de protesta ante su firme oposición al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.

A través de una carta remitida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido que la postura de la comunidad no responde a razones políticas. Según el escrito, se fundamenta en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y en el principio del interés superior del menor, que prioriza la reunificación familiar.

La misiva incide en que todos los menores que se encuentran en la ciudad autónoma entraron de forma ilegal cruzando la frontera. Por ello, el Ejecutivo regional sostiene que la única opción respetuosa con la legalidad es el retorno a Marruecos, ya sea mediante la reagrupación con sus familias o la entrega a las autoridades de su país de origen.

Impugnación judicial de los traslados

El Gobierno de Castilla y León ha anunciado que impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales de traslado que no finalicen con el retorno de los menores a Marruecos. La Junta argumenta que el Estado no ha ejercido correctamente su competencia exclusiva para resolver estos procedimientos de reagrupación.

Desde la administración autonómica se critica que el Gobierno central pretenda derivar a los menores a otras comunidades autónomas. A su juicio, esta medida busca que las regiones asuman las consecuencias de una competencia estatal no concluida o no ejercida de manera adecuada por los ministerios implicados.

Exigencias al Ministerio de Juventud e Infancia

Ante esta situación, la Junta ha solicitado formalmente al departamento de Sira Abed Rego que se abstenga de realizar cualquier acto dirigido a preparar, acordar o ejecutar el traslado de estos jóvenes. Esta paralización se exige mientras no concluyan los expedientes individualizados previstos en la legislación vigente.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico reclama que se le remita la certificación acreditativa de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda. Este requerimiento incluye el expediente completo con las actuaciones para localizar a sus familias, la determinación de su edad y la valoración de su interés superior.

Marruecos como país seguro

La carta firmada por Carlos Pollán recuerda que el Reino de Marruecos está calificado por el Consejo y el Parlamento Europeo como un país seguro a todos los efectos. Además, destaca que el país vecino ha manifestado públicamente su interés en la devolución y retorno de sus ciudadanos extranjeros, incluidos los menores de edad.

En la reunión del 13 de agosto también está prevista la aprobación del reparto territorial de un crédito de 25 millones de euros destinado a financiar la atención de estos menores migrantes en Ceuta durante el año 2026. Castilla y León insiste en que la decisión sobre la permanencia de estos jóvenes en España corresponde en exclusiva al Estado a través de la Ley Orgánica 4/2000.