Unanimidad para impulsar la construcción de doce viviendas sociales en Torrejón de Alba

El Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó ayer, durante la sesión plenaria ordinaria, el convenio regulador para la cesión gratuita de parcelas municipales a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL). Esta medida, que se tramita bajo el expediente 1144/2026, tiene como objetivo prioritario la construcción de viviendas protegidas en Torrejón de Alba, concretamente en la calle Sinagoga, con esquina a la calle Pasiones.

La propuesta fue presentada por la alcaldesa de la villa, Concepción Miguélez, y contó con el respaldo unánime de la corporación municipal. El acuerdo recibió el voto favorable de todos los grupos políticos con representación, incluyendo a Ciudadanos, el PSOE y el concejal Juan Antonio Pascual Pastor, representante del Grupo Mixto, consolidando un amplio consenso político en materia de vivienda social.

Con esta aprobación del pleno, se faculta formalmente a la Alcaldía de Alba de Tormes, o a quien legalmente la sustituya, para proceder a la firma del convenio regulador y de cuantos documentos sean precisos para materializar la cesión de los terrenos y asegurar el desarrollo de las obras.

Compromiso con el acceso a la vivienda

El documento del convenio expone que ambas partes son plenamente conscientes de la necesidad de que los poderes públicos desarrollen una política activa en materia de vivienda. El propósito fundamental es facilitar que las familias de Castilla y León, y de manera muy particular los colectivos más vulnerables, puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, ante las dificultades que presenta el mercado libre actual.

Requisitos para optar a una de las 12 viviendas

En primer lugar, es obligatorio estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. En el plano económico, los solicitantes deben tener unos ingresos familiares que no excedan de 5 veces el IPREM y ni sean inferiores a 1 vez el IPREM.

Asimismo, se exige no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España. No obstante, se admiten excepciones para aquellos que, aun siendo titulares de tales derechos, no puedan ocupar la vivienda por causas que no les sean imputables, lo que incluye situaciones de proindiviso o aquellos casos en los que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda.

Por último, el documento establece una ventaja económica para el colectivo joven, determinando que para los menores de 36 años (inclusive) se realizará una reducción del 20 % del precio máximo de venta.