Carlos Pollán anuncia prioridad nacional en ayudas y rechazo al reparto de inmigrantes

El Gobierno autonómico reestructura el acceso a las prestaciones sociales y simplifica los trámites administrativos para combatir la hiperregulación. La nueva hoja de ruta de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales incluye un rechazo explícito a la política migratoria estatal y el refuerzo de la seguridad en los centros de menores.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha comparecido este lunes en las Cortes autonómicas para detallar el programa de actuaciones de su departamento. La acción política se guiará por el acuerdo de coalición entre PP y VOX, que contempla un total de 324 medidas distribuidas en 62 páginas.

Durante su intervención, el consejero ha destacado que los pilares de su gestión serán la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, la simplificación normativa y la oposición firme a la política de inmigración del Gobierno central.

La Consejería busca atajar lo que Pollán ha denominado el "monstruo voraz de la hiperregulación", aportando datos sobre la elevada producción normativa de las comunidades autónomas, que representan el 76,6 % de las normas aprobadas en España en los últimos 45 años.

Medidas clave para simplificar la administración

Para combatir la excesiva burocracia, el vicepresidente ha anunciado cinco medidas nucleares orientadas a facilitar la relación de los ciudadanos con la administración autonómica:

• La eliminación de la obligatoriedad de la cita previa.
• La generalización del uso del silencio administrativo positivo.
• El impulso a la declaración responsable y la comunicación previa.
• La reformulación de los criterios de concesión de todas las ayudas sociales bajo el principio de prioridad nacional.
• La reducción al mínimo legal exigido de la cooperación internacional al desarrollo, favoreciendo a países que faciliten el retorno de menores.

Pollán ha criticado con dureza la situación actual, señalando que la hiperregulación "complica la ya de por sí difícil vida del español medio, de manera innecesaria, absurda y, en ocasiones, cruel". Según los datos aportados, en 2022 y 2023 la producción de los boletines oficiales superó el millón de páginas anuales, lo que equivale a 300 metros de papel, dos veces la altura de la pirámide de Keops.

¿Cómo se aplicará el principio de prioridad nacional en las ayudas?

El acceso a todas las subvenciones, prestaciones y ayudas públicas de la Consejería se inspirará en el principio de prioridad nacional, siempre adecuado a la legalidad vigente. El vicepresidente ha defendido que este concepto debe ser también el principio informador de la política migratoria en la Comunidad.

"Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo", ha remarcado Pollán, añadiendo que no existe una deuda histórica por la emigración española del pasado.

Asimismo, ha señalado que las políticas públicas se centrarán en ofrecer oportunidades de empleo, vivienda accesible y educación de calidad para retener el talento joven en la región y favorecer el retorno de quienes tuvieron que marchar.

Acciones en materia de inmigración y menores

La Junta de Castilla y León ha manifestado su rechazo expreso a la política migratoria del Gobierno central. El Ejecutivo autonómico se opondrá por vías legales a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, ya sean mayores o menores de edad.

Entre las medidas concretas anunciadas en este ámbito destacan:

• La supresión de subvenciones, convenios y conciertos con ONG que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.
• La congelación en la apertura de nuevos centros de acogida y la prohibición de ampliar las plazas existentes.
• La promoción de acuerdos con los países de origen para facilitar la repatriación de menores no acompañados, al amparo del artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000.
• La solicitud formal a la Fiscalía de Menores para realizar pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de minoría de edad.

"Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada", ha aseverado el vicepresidente primero durante su comparecencia.

Novedades habrá en las políticas de apoyo a las familias

El apoyo económico directo, la conciliación real y la mediación familiar centrarán las políticas de la Consejería durante los próximos cuatro años. En este sentido, se incrementará de forma progresiva el Bono Nacimiento según la renta y el número de hijos, abonándose en un único pago para simplificar el trámite.

Además, se mantendrán y reforzarán los siguientes programas de conciliación:

• El Bono Concilia para familias con menores de cero a tres años.
• El Bono Infantil, elevando los umbrales de renta para facilitar el acceso a actividades fuera del horario escolar.
• El programa Conciliamos, junto con la continuidad de los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

En cuanto a las familias vulnerables, Pollán ha contrapuesto el modelo de la Renta Garantizada de Ciudadanía frente al Ingreso Mínimo Vital. El modelo autonómico exige el cumplimiento de obligaciones de inserción sociolaboral y escolarización de menores, a diferencia de la prestación estatal.

Las adicciones y la seguridad en los centros de menores

El programa de la Consejería contempla el cambio de denominación del Comisionado Regional para la Droga, que pasará a llamarse Comisionado para las Adicciones. Esta modificación irá acompañada de una actualización normativa para hacer frente a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones sin sustancia, como el uso problemático de pantallas.

Por otra parte, el vicepresidente ha abordado el problema de las amenazas y agresiones físicas que sufren los trabajadores sociales en los centros de protección residencial, citando expresamente el caso del Centro de Menores Zambrana en Valladolid.

Para solucionar esta situación, se reforzará el funcionamiento interno de las instalaciones, mejorando la seguridad de los profesionales y estableciendo criterios homogéneos de dotación de personal adaptados a las características de cada recurso.