La Junta recurrirá el nuevo decreto estatal que asigna 833 menores extranjeros no acompañados a Castilla y León
El vicepresidente primero de Castilla y León, Carlos Pollán, durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
El Ejecutivo autonómico denuncia que la medida se ha tomado de forma unilateral y sin atender a la capacidad real de acogida del territorio
La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá el Real Decreto 556/2026, aprobado el pasado 30 de junio por el Gobierno de España. Esta normativa regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, asignando a la comunidad autónoma un total de 833 plazas.
El Ejecutivo autonómico mantiene una postura firme de rechazo ante lo que considera una actuación unilateral por parte del Gobierno central. Desde la Junta se denuncia que la medida se ha tomado sin el acuerdo unánime de las comunidades autónomas y sin respetar las competencias de protección de menores de cada territorio.
Según ha explicado la Administración regional a través de un comunicado, los criterios aplicados para fijar esta capacidad responden a decisiones políticas y no a la capacidad real de acogida de Castilla y León. Esta situación, advierten, dificulta la planificación de los recursos públicos.
Los servicios jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, formalizarán la interposición del recurso en los próximos días con el objetivo de defender las competencias autonómicas y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección.
Falta de proporcionalidad y justificación objetiva
El Gobierno de Castilla y León sostiene que el incremento en el número de menores asignados carece de justificación. La Junta recuerda que el Real Decreto del 26 de agosto de 2025 ya estableció un cupo de 783 menores, una cifra que actualmente también se encuentra impugnada por la vía judicial.
Para evidenciar la falta de proporcionalidad, la Junta compara el aumento de menores con la evolución demográfica de la comunidad. Mientras que la población de Castilla y León creció apenas un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el cupo de menores asignados se ha incrementado un 6,38 %.
Esta diferencia de porcentaje, que supone pasar de 783 a 833 menores tutelados, demuestra según el Ejecutivo autonómico un desconocimiento de la realidad del territorio. La Junta insiste en que este desfase compromete gravemente la sostenibilidad del sistema de protección social.
