El Colegio de Psicología expulsa al psicólogo de Salamanca condenado por abusos sexuales a un paciente

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León (COPCYL) ha acordado la expulsión del colegiado salmantino condenado por un delito de abusos sexuales a una paciente. La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada este lunes.

La medida adoptada representa la sanción más grave contemplada en el régimen disciplinario de los estatutos de la institución. Al tratarse de una profesión de colegiación obligatoria, la expulsión implica, en la práctica, la inhabilitación inmediata del sancionado para el ejercicio de la psicología.

Asimismo, la resolución aprobada por el órgano colegial impide de forma definitiva que el psicólogo sancionado pueda colegiarse en España o en cualquier otro país miembro de la Unión Europea, cerrando así la vía a su actividad profesional en todo el territorio comunitario.

Origen del expediente disciplinario

El proceso se inició el pasado mes de febrero de 2026, momento en el que el COPCYL tuvo constancia formal de la denuncia penal interpuesta por la víctima. De forma inmediata, la Comisión Deontológica de la institución abrió un expediente disciplinario por infracción de las normas básicas de la deontología profesional.

Tras concluir la instrucción del caso, la citada comisión elevó una propuesta de resolución a la Junta de Gobierno, que finalmente ratificó la expulsión del profesional basándose en sus estatutos, en el Código Deontológico de la Psicología y en la Ley de Colegios Profesionales.

Protección y ética profesional

Desde el COPCYL han condenado con contundencia los hechos, recordando que el fin último de la psicología se fundamenta en el cuidado de la salud, el bienestar y el desarrollo pleno de las personas. La institución recalca que la protección de los pacientes debe constituir siempre la máxima prioridad del sistema de atención.

Una vez que se realice la notificación oficial de la expulsión, el psicólogo sancionado dispondrá de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante el Consejo General de Psicología.

Alternativamente, el afectado cuenta con un periodo de dos meses para recurrir la resolución administrativa ante la Justicia ordinaria, según los cauces legales establecidos para este tipo de procedimientos disciplinarios.