El pleno avala cambios en el convenio laboral tras un enfrentamiento PSOE-PP: “miente más que habla”

El pleno del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha debatido la anulación de los artículos 4, 20, 22, 23, 24, 25, 35, 42, 62 y 70 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario. Esta medida ha generado un tenso enfrentamiento político durante la sesión.

La alcaldesa, Carmen Ávila, ha explicado que la intención original de estos puntos ha sido "mejorar las condiciones de los trabajadores del personal funcionario del ayuntamiento, y equipararlas a los derechos del personal laboral". Ávila ha detallado que los artículos anulados afectaban a permisos por fallecimiento, matrimonio o indemnizaciones por jubilación anticipada, y ha defendido que el resto del convenio "es absolutamente legal".

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Eva López, ha calificado la situación de "caso grave", argumentando que el Ayuntamiento ha sobrepasado "límites legales" que debería conocer. López ha reprochado al equipo de Gobierno su forma de actuar en esta negociación: "Gobernar no es improvisar ni asumir riesgos legales a sabiendas", ha afirmado, acusando a la regidora de intentar aprobar medidas bajo la premisa de "si cuela, cuela".

El portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, ha respaldado las mejoras laborales, aunque ha reconocido que los artículos "no se ajustan a derecho". Tejeda ha criticado duramente al Partido Popular, señalando que su objetivo ha sido "generar alarmismo" y ha defendido que la equiparación de derechos ha sido "una cuestión totalmente de justicia" para la clase trabajadora del consistorio.

Visiblemente enfadada Carmen Ávila tomaba nuevamente la palabra y ha respondido a las acusaciones de ilegalidad mostrando el informe favorable de la Inspección Provincial de Trabajo sobre el convenio laboral. "La portavoz del Partido Popular miente, y miente más que habla, y miente en una cuestión tan delicada como es la negociación colectiva", ha sentenciado la alcaldesa, reiterando que el acuerdo ha estado firmado por todos los representantes sindicales.

Durante el tenso debate en el Pleno Ordinario, la primera edil ha defendido la total legalidad del acuerdo marco del personal funcionario. "Si no, dígame usted dónde pone que este convenio colectivo es ilegal", ha interpelado a la bancada popular. Ávila ha argumentado que el documento ha sido publicado oficialmente, lo que avala su validez, y ha aclarado que la sesión plenaria únicamente ha buscado anular artículos específicos que se encontraban en suspensión para ajustarse a la normativa vigente.

Uno de los puntos más conflictivos ha sido la acusación del Partido Popular sobre una supuesta merma en los derechos de maternidad y paternidad. La alcaldesa ha explicado que las mesas de negociación comenzaron en mayo de 2022 y que el acta final se ha firmado el 1 de julio de 2025. "El decreto ley se publicó el 29 de julio de 2025, posteriormente a la firma del acta", ha detallado Ávila, quien ha garantizado que la nueva ley estatal se ha estado aplicando "desde el primer momento" a los trabajadores municipales.

Por su parte, el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, ha respaldado la voluntad de la mesa negociadora. El concejal ha calificado de "totalmente inentendible" que el personal laboral goce de derechos distintos a los del personal funcionario, defendiendo el intento de equiparación. Además, ha reprochado al Partido Popular sus graves acusaciones: "Esa forma de hacer política, más en el ámbito local, es realmente preocupante, porque se anteponen los intereses políticos a los intereses de las trabajadoras públicas", ha manifestado.

La portavoz del Partido Popular, Eva López, no ha rebajado el tono y ha exigido responsabilidades a la alcaldesa por firmar acuerdos que, a su juicio, "no se ajustan a la legalidad". López ha criticado que se hayan fijado permisos de 16 semanas cuando la legislación reconoce 19, y ha denunciado la inclusión de incentivos a la jubilación ya anulados por los tribunales. "Eso no es negociar bien, y eso tampoco es defender a los trabajadores, eso es vender humo y eso es firmar sin rigor", ha aseverado la edil popular, advirtiendo sobre el riesgo de terminar en un contencioso administrativo pagado con dinero público.

Para reforzar su postura, la alcaldesa ha recordado que algunos de los artículos suspendidos ya estaban aprobados en el convenio anterior y ha señalado que otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular también han negociado mejoras similares. Asimismo, Ávila ha sacado a relucir debates pasados, acusando a López de haber mentido previamente sobre la supuesta negativa de la alcaldía a firmar un convenio de bomberos que, según la regidora, nunca llegó a presentarse formalmente.

En su turno de réplica final, Carmen Ávila ha negado tajantemente que el Consistorio haya acudido a ningún contencioso y ha acusado a la portavoz popular de dar por supuestas "cosas que no son". La regidora ha lamentado que se intente "destruir a quienes estamos en el equipo de gobierno y especialmente a mi como alcaldesa" mediante falsedades.

Finalmente, el pleno ha procedido a la votación para anular los artículos controvertidos y aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) en ellos, algo que concluía con los votos positivos de PSOE y PeC y la abstención del PP quedando desierto el voto de Vox al no estar presente en la sesión.