La prioridad nacional y la filosofía política de la extrema derecha

Los resultados en las tres últimas elecciones a los parlamentos regionales correspondientes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, no han posibilitado que el PP pueda formar gobiernos en solitario en cada una de esas Comunidades Autónomas, teniendo que pactar los respectivos ejecutivos regionales con la ultraderecha de VOX . Este es el primer fracaso de los presidentes convocantes que quisieron adelantar los procesos –Extremadura y Aragón- precisamente porque creían que iban a obtener mayoría absoluta, suficiente para poder gobernar sin la ayuda y pactos con la ultra derecha de VOX. A este “doblete” se unió, en Castilla y León, otro resultado en el que el PP ganó por la mínima y también está dispuesta a pactar con VOX –con la izquierda del PSOE no lo hará nunca, según palabras del presidente, aún en funciones, Fernández Mañueco-, que es la formación política en cuya ideología extremista se mueven muy bien muchos dirigentes del PP.

Así nos va a los Castellanos y Leoneses, cuyos pequeños municipios han perdido -en la mayoría de los casos- cerca de un 75 % de la población en las cuatro décadas de gobiernos del PP. Municipios en los que había escuelas con entre 50 y 100 niños y niñas y, en la actualidad, llevan años con los colegios cerrados convertidos en centros sociales, de reuniones estivales y fiestas de jubilados, quienes recuerdan los grandes grupos de niños y niñas de la misma edad que –por los años 50 y 60 del pasado siglo- acudían a la escuela. Pueblos donde había 4 y 5 maestros llevan algunas décadas sin escuchar el murmullo de los pequeños cuando iban al colegio y regresaban. Y, claro, no sólo desaparecen los pequeños municipios, la sanidad pública está en mínimos históricos, con una escasez de recursos: medios personales y materiales, alarmante. Miles de personas esperan años para ser intervenidos quirúrgicamente de problemas traumatológicos, vasculares y de otras patologías, derivando los pacientes, en muchos casos, a la sanidad privada, a la que cada vez dedica más recursos el ejecutivo regional, descuidando la sanidad pública. Mientras esto ocurre, PP y VOX pactan la forma de repartirse el pastel del gobierno regional, un ejecutivo cuyos responsables perciben salarios incluso superiores al del presidente del gobierno o a los de altas instituciones del Estado. Políticos que, en muchos de los casos, no han cotizado nunca por otros salarios de profesiones diferentes a la de “dedicación exclusiva a la política”, cuando el desempeño de la profesión política debería ser temporal y acceder a ella con una previa profesión, a la que se pueda regresar al terminar esa temporalidad en la gestión política en la que se dedique a trabajar por los intereses generales de los ciudadanos, exclusivamente, y no destinarlos a cámaras legislativas como el Senado a “vegetar”, denigrando la Cámara, como está ocurriendo en la actualidad en que se utiliza exclusivamente para interés político y electoral del PP, que cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara.

En sólo cuestión de días; próximamente, PP y VOX cerrarán un acuerdo de legislatura, en el que VOX impondrá sus criterios y Castilla y León adoptará el principio de “prioridad nacional”, en el que las personas migrantes serán generalmente excluidas para el acceso a la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, la vivienda y otras ayudas. La derechona española se ha vuelto xenófoba e insensible ante los problemas de los ciudadanos más vulnerables; aquéllos que ocupan los trabajos que los nacionales no queremos. Parece que la extrema derecha de VOX y la derecha extrema del PP quieren que esas personas migrantes sigan en situación de ilegalidad, para explotarlos laboralmente, no contribuir por ellos a la Seguridad Social ni garantizarles salarios y condiciones dignas por los trabajos desarrollados, como el de cualquier ciudadano nacional.

Estoy convencido de que lo que mueve a la derechona española a restringir los servicios públicos y ayudas es, más que la condición de extranjero del sujeto, su condición de persona pobre y sin recursos, es aporofobia o lo que es lo mismo, un odio cainita hacia el pobre. Si el migrante es una persona que forma parte de ciertas élites, no habrá discusión y estos gobernantes no aplicarán el principio de “prioridad nacional” a la hora de que estos ciudadanos necesiten sanidad, servicios y ayudas sociales. Si la persona necesitada de asistencia sanitaria fuere María Corina Machado o cualquier otro líder de la oposición venezolana, se les prestaría siempre, sin necesidad de respetar el orden de prelación –ilegal- que se han sacado de la manga.