"La nueva regularización de inmigrantes es una oportunidad única", explica la abogada Haila Fonseca

El Gobierno de España abría esta semana el plazo para acogerse al reciente decreto de extranjería. Por eso, es pertinente recoger las recomendaciones de Haila Fonseca, abogada colegiada en Salamanca, que detalla los grupos beneficiarios, la documentación necesaria y advierte sobre la importancia de contar con asesoramiento profesional antes de que finalice el periodo de solicitud el próximo mes de junio.

Y es que reciente regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central acapara la atención de miles de ciudadanos extranjeros que residen en España. Para arrojar luz sobre este complejo procedimiento, hemos conversado con Fonseca, especialista en extranjería, nacionalidad y sucesión internacional.

De origen brasileño, llegó a la Universidad de Salamanca (USAL) hace 18 años para cursar un doctorado y, tras establecer sus raíces en la ciudad, conoce de primera mano los retos que afrontan las personas migrantes. En la actualidad, su despacho asesora a decenas de solicitantes que buscan acogerse a esta normativa temporal.

Entrevista a Haila Fonseca

Usted es abogada con diversas especialidades, pero destaca su trabajo en extranjería. ¿Por qué motivo se especializó en este campo?

Me especialicé por empatía. Cuando hice la homologación de mi título tuve que realizar una pasantía en un despacho de abogados. Creo que, por ser inmigrante o extranjera, todos los temas de inmigración llegaban a mi mesa. Me gustó mucho y a día de hoy soy especialista en extranjería, nacionalidad y sucesión internacional, que también es un tema muy interesante. Llevo en este ámbito más de diez años, con 13 años como colegiada.

En el caso de esta regularización masiva impulsada por el Gobierno de España, ¿qué personas se encuentran en situación de acogerse a la medida?

Es muy importante aclararlo porque hay una sobreinformación en las redes sociales. Existen dos grandes grupos. El primer grupo está formado por las personas que han solicitado la protección internacional antes del 1 de enero de 2026. Todas aquellas personas que han pedido asilo y no han tenido respuesta, o que han sido denegadas y no han presentado recurso, pueden entrar en este real decreto. Es fundamental que conste su número de expediente.

El segundo grupo abarca a todos los demás ciudadanos que hayan entrado en territorio español antes del 1 de enero de 2026 y que cumplan cinco meses en España sin salidas antes de la presentación de su solicitud. Es decir, si alguien entró antes de la fecha límite pero tuvo que salir a otro país y luego volvió, según el real decreto, ya quedaría fuera.

Dentro de ese segundo grupo, ¿qué requisitos específicos se exigen?

Este segundo grupo se divide en tres subcategorías que son excluyentes entre sí; es decir, el solicitante solo tiene que encajar en una de ellas, no cumplir los requisitos de todas. Son las siguientes:

• Subgrupo laboral: Para quienes no tienen antecedentes penales y han trabajado en algún momento en España (demostrable con la vida laboral), cuentan con una oferta de trabajo actual, o presentan una declaración de intención para darse de alta como autónomos.
• Subgrupo familiar: Incluye a los inmigrantes que tienen hijos menores de edad o hijos mayores con discapacidad que vivan en la unidad familiar. También sirve si tienen cónyuge, pareja de hecho o un ascendiente conviviendo con ellos. En este caso, solo hay que demostrar el vínculo familiar, sin necesidad de oferta laboral.
• Subgrupo de vulnerabilidad: Destinado a quienes no encajan en los dos anteriores. Requiere un informe de vulnerabilidad emitido por los ayuntamientos o entidades colaboradoras como ONG.

¿En qué casos concretos recomienda utilizar la vía de la vulnerabilidad?

Defiendo que este informe es la última opción y está pensado para casuísticas muy concretas. Por ejemplo, una tía de 70 años, soltera y sin hijos, que vive aquí con su familia y no puede acceder a la vía laboral ni a la familiar directa. O una mujer embarazada que no tiene pareja en el país. También lo veo para personas con barreras idiomáticas severas que impiden su integración laboral. Sin embargo, percibo que mucha gente sana y en edad de trabajar intenta usar esta vía cuando deberían buscar una oferta de empleo o darse de alta como autónomos.

Con toda esta complejidad, ¿los solicitantes están capacitados para realizar los trámites por su cuenta o necesitan ayuda profesional?

Agradezco la pregunta porque a veces parece que los abogados solo queremos vender nuestros servicios, pero la realidad es que estamos ante una oportunidad única con un plazo muy corto. El real decreto estará vigente hasta el 30 de junio. Quedan apenas dos meses y no hay margen para cometer errores. Si una persona presenta mal la documentación y la denegación llega después del 20 de junio, ya no hay más opciones. A veces el error es tan grave que ni siquiera un recurso puede salvar el expediente.

¿Se nota un incremento en el volumen de consultas en su despacho por esta circunstancia?

Noto que la gente quiere información específica sobre su caso. Aunque a primera vista parezca un proceso colectivo e igual para todos, no lo es. Por ejemplo, existen dos formularios distintos: uno para solicitantes de asilo y otro para el resto. Si alguien que no es solicitante de asilo presenta el formulario equivocado, su petición será denegada automáticamente.

¿Quiénes pueden gestionar oficialmente estos expedientes?

Pueden presentarlo de forma telemática los abogados, gestores, trabajadores sociales y cualquier persona con certificado digital. Quienes no dispongan de él, pueden solicitar cita presencial en las oficinas de extranjería, a través de Correos o mediante entidades colaboradoras como las ONG.

Al margen de este proceso puntual, ¿cuál suele ser el perfil habitual de sus clientes?

Mi cliente habitual es aquel que entra de forma regular. Yo promuevo que, si alguien quiere cambiar de país, elabore un proyecto migratorio y se organice financiera y académicamente. No animo a la gente a venir sin papeles porque se sufre mucho. Sin embargo, ahora mismo los inmigrantes en situación irregular necesitan profesionales que les ayuden debido a la urgencia de los plazos.

Usted llegó a Salamanca hace tiempo para estudiar. ¿Cómo fue su experiencia y por qué decidió quedarse?

Acababa de terminar la carrera de Derecho en Brasil y logré aprobar el examen de acceso a la abogacía, que allí es muy difícil. Mis padres me regalaron un viaje al extranjero. Como quería trabajar en derecho internacional, fui a Canadá a aprender inglés y luego mi padre me sugirió venir a España para sumar un tercer idioma. Llegué a Salamanca, vi la universidad, me apunté a un doctorado y lo terminé. Conocí a mi marido, formé mi familia aquí y ya llevo 18 años en la ciudad. Hoy en día tengo la doble nacionalidad.

Para finalizar, ¿hay algún aspecto adicional del proceso de regularización que considere vital destacar?

Queda un punto muy importante respecto a los menores no nacidos en España cuyos padres sí están en situación regular. Aunque parezca extraño, ocurre mucho que los padres tienen autorización de residencia y el menor no. El real decreto permite regularizar a estos menores hasta el 30 de junio, sin tener que esperar los dos años habituales ni presentar informes de vivienda o medios económicos.

Además, hay un detalle fundamental para los mayores de edad: una vez que presenten la solicitud de regularización extraordinaria y reciban el documento que indica que ha sido admitida a trámite, ese mismo papel incluye una autorización provisional para empezar a trabajar de forma inmediata.