El pacto entre PP y Vox en Extremadura marca la hoja de ruta para Castilla y León
El acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura establece las bases para las negociaciones en Castilla y León y Aragón, marcando la hoja de ruta con medidas como la "prioridad nacional" y la bajada de impuestos.
El pacto de gobierno sellado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta encarrila las negociaciones de ambas formaciones en Castilla y León y Aragón. Este acuerdo, además, allana el camino ante un posible futuro gobierno de España en caso de que Alberto Núñez Feijóo dependa de los votos de Santiago Abascal.
Tras meses de intensas negociaciones y una investidura fallida el pasado mes de marzo, el equipo de Feijóo ha celebrado su contribución para facilitar un pacto que dote de estabilidad a la región durante los próximos cuatro años. El documento extremeño recoge el compromiso explícito de elaborar y aprobar presupuestos anuales para ejecutar las 74 medidas acordadas, un punto clave tras el adelanto electoral provocado precisamente por la falta de acuerdo presupuestario.
Este marco de referencia tiene un impacto directo en Castilla y León, donde esta misma semana PP y Vox han cerrado un acuerdo para repartirse los puestos en la Mesa de las Cortes. Asimismo, servirá de guía en Aragón, comunidad que celebró elecciones el pasado 8 de febrero y que tiene hasta el 3 de mayo como límite para evitar una repetición electoral.
Se prevé que los futuros pactos de gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y de Jorge Azcón en Aragón incluyan medidas similares a las rubricadas en Extremadura. Entre ellas destacan el rechazo al reparto de inmigrantes ilegales por parte del Ejecutivo central, la prohibición del uso del burka en espacios públicos, la bajada de impuestos, la defensa del sector agrario frente a la Agenda 2030 y la eliminación del 50 % de las subvenciones destinadas a sindicatos y empresarios.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la inclusión de la "prioridad nacional" para el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. El texto estipula que se procurará la asignación prioritaria de recursos a quienes mantengan un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Desde las filas populares defienden que este concepto busca potenciar el arraigo y se enmarca dentro de la legalidad vigente.
El acuerdo fue escenificado este jueves en el Patio de los Naranjos de la Asamblea extremeña por María Guardiola y el líder de Vox en la región, Óscar Fernández, marcando un precedente que, según fuentes de Génova, facilitará y quitará tensión a las negociaciones abiertas en el resto de comunidades.
