El personal administrativo de los centros de salud exige igualdad salarial en la zona rural y más seguridad

UGT Servicios Públicos Salamanca ha denunciado públicamente este miércoles lo que califican como un "bloqueo institucional" por parte de la Gerencia de Atención Primaria hacia el personal administrativo de los centros de salud de la provincia. Según la organización sindical, la Administración mantiene cortada la comunicación con estos trabajadores, impidiendo la celebración de reuniones durante los últimos dos años, a excepción de un encuentro inicial celebrado en abril de 2024.

La situación, descrita por el sindicato como un "grave desprecio", alcanzó un punto crítico el pasado mes de diciembre de 2025. En esa fecha, los representantes de los trabajadores presentaron una solicitud formal de reunión a través del registro oficial. Sin embargo, un mes después, aseguran no haber recibido respuesta alguna, un silencio que consideran "la gota que ha colmado el vaso" y que evidencia que la Gerencia ignora sistemáticamente a este colectivo.

Uno de los ejes centrales del conflicto laboral es la situación de desigualdad que vive el personal administrativo de la zona rural. UGT denuncia que, pese a realizar exactamente las mismas funciones que sus compañeros en los centros urbanos, la Gerencia se niega a reconocerles la figura de "responsable de Unidad Administrativa". Esta distinción conlleva una brecha tanto profesional como salarial que, según el sindicato, "castiga a quienes sostienen la sanidad en los pueblos".

Asimismo, las reivindicaciones abarcan las condiciones físicas de trabajo y la atención al usuario. El sindicato alerta de que los mostradores de los centros de salud no garantizan la privacidad necesaria para trámites complejos, citando como ejemplo la gestión de tarjetas sanitarias para personas extranjeras. "Estos procesos manejan información sensible que los usuarios deben exponer en público, lo que genera tensiones y vulnera los derechos de los pacientes", señalan desde UGT, urgiendo la creación de una unidad específica con apoyo de trabajadores sociales para evitar atender situaciones de alta vulnerabilidad en un mostrador abierto.

Finalmente, el colectivo exige un refuerzo en las medidas de seguridad, recordando que los administrativos son la "primera línea" de recepción y quienes sufren con mayor frecuencia las agresiones del sistema. Entre las demandas concretas se incluyen protocolos de Gestión de la Demanda con instrucciones claras para la derivación de urgencias, una formación real que no se limite al periodo estival, un protocolo de protección de datos y el reconocimiento de la tutoría.