Preocupación entre los profesionales de Salamanca por el auge de talleres ilegales en la provincia

La lucha contra la actividad clandestina en el sector de la reparación de vehículos ha dado un nuevo paso institucional este viernes. Integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT), organización integrada en CEOE CEPYME Salamanca, han mantenido una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López. El objetivo principal del encuentro ha sido reforzar la colaboración entre ambas entidades ante el preocupante incremento de talleres ilegales detectado en la provincia.

Durante la reunión, los representantes del sector han trasladado su inquietud por la evolución de esta práctica fraudulenta, que continúa extendiéndose no solo en los entornos urbanos, sino también en polígonos industriales y zonas rurales de Salamanca. Las consecuencias de esta actividad, según han expuesto, van mucho más allá de la competencia desleal, afectando directamente a la seguridad vial y a la protección del medio ambiente.

El presidente de AESAT, Alberto Moreno de Vega, ha subrayado la gravedad de la situación con contundencia: "La problemática ya no es solo un asunto económico, sino una cuestión de seguridad pública". Esta afirmación se sustenta en el hecho de que estos establecimientos operan totalmente al margen de cualquier control técnico o administrativo, lo que impide garantizar la fiabilidad de las reparaciones.

Según ha explicado Moreno de Vega, estos talleres clandestinos incumplen sistemáticamente la normativa básica. Entre las irregularidades más frecuentes se encuentra la gestión inadecuada de residuos peligrosos, lo que genera vertidos incontrolados de aceites, lubricantes y otros líquidos contaminantes. Además, es habitual el uso de piezas de origen desconocido o sin trazabilidad, muchas veces recuperadas de desguaces no autorizados, así como la realización de intervenciones sin las herramientas calibradas necesarias.

Desde la asociación advierten de que estas prácticas ponen en riesgo el resultado final de la reparación y, por ende, la seguridad de los conductores y pasajeros. "Un vehículo reparado sin garantías puede convertirse en un problema grave: frenos mal ajustados, neumáticos incorrectamente montados o fallos eléctricos sin comprobar. Las consecuencias pueden ser irreversibles", ha alertado el presidente de la patronal.

El encuentro también ha servido para poner el foco en la desprotección del consumidor. Muchos usuarios acuden a estos puntos ilegales buscando un ahorro económico, sin ser conscientes de los riesgos que asumen: las reparaciones carecen de garantía, no existen facturas para reclamar, se puede perder la garantía oficial del fabricante y el vehículo podría no superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tras una intervención incorrecta.

Por su parte, los talleres legales de la provincia sufren el impacto directo de esta competencia desleal, ya que ellos sí asumen las exigencias de inversión, contratación de personal cualificado, gestión certificada de residuos y seguros obligatorios. Para combatir esta lacra, AESAT ha recordado que sus asociados disponen de un canal confidencial para reportar prácticas fraudulentas o de intrusismo, garantizando el anonimato absoluto.

La asociación ha reafirmado su compromiso con la legalidad y la calidad del servicio, agradeciendo la voluntad de colaboración mostrada por la Subdelegación del Gobierno para proteger tanto a los consumidores como a los profesionales que cumplen con la normativa vigente.