Disimulando el problema

Según parece el Procurador del Común, institución muy necesaria y respetable, también es experto en movilidad urbana. Últimamente ha tratado los “problemas de tráfico y seguridad vial a las puertas de los centros escolares en horario de entrada y salida de los mismos” en las 16 mayores localidades de Castilla y León, y también el “Calmado del tráfico e implantación de Zonas de Bajas Emisiones” en León. Es interesante que alguien con perspectiva analice inconvenientes planteados por la ciudadanía y aconseje posibles soluciones. Al fin y al cabo, todos utilizamos las vías públicas y tenemos opinión.

^{Calle de La Chinchibarra.}

Me sorprende en el caso de los colegios las conclusiones. Recuerdo a un viejo y querido militante ecologista, lamentablemente desaparecido hace años, insistir en ser radical al abordar los problemas. Si miramos en el diccionario, la primera acepción de la palabra es “Perteneciente o relativo a la raíz”, y la segunda “Fundamental o esencial”. La cuarta habla de “Partidario de reformas extremas” y lo relaciona con extremismo o fanatismo, y la quinta “intransigente”. Curiosamente la “oficialidad” suele vincular las dos últimas con quienes reclaman gestionar la movilidad con racionalidad, apellidada sostenible.

^{Calle de Padilleros, zona de calles peatonales.}

Nuestro Procurador del Común ¿no se ha dado cuenta? de un vicio de origen. La educación es un derecho al que alguien añadió una libertad de elección de centro no citada en la Constitución. Si bien todo es interpretable, hasta los silencios. “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes” (art, 27.5), parece lógico concluir de ahí la capacidad de la educación pública para facilitar a todas y todos las mismas oportunidades.

^{Avenida de Raimundo de Borgoña.}

Hace no tantas décadas los alumnos se adscribían a los centros por proximidad, evitando la necesidad de acudir a ellos en vehículo. Pero al alentar la paulatina privatización de la educación urbana, los pueblos no interesan, quienes más luchan por ampliar derechos ciudadanos, excepto los relacionados con la mujer o la protesta, impusieron el llamado Distrito Único. Así alguien puede vivir frente a un colegio público, o concertado, y asistir a un centro a varios kilómetros. Y la movilidad sostenible no se suele considerar como opción, aparte del verdadero contexto de fondo.

^{Calle del Parque de la Alamedilla.}

En la Actuación de oficio 281/2024 se hacen dos propuestas buscando avalar la llegada en coche a los centros. Como lo anglosajón da más nivel, una es “instalar la zona “Kiss and Go”. Este espacio debe ser de fácil acceso para los vehículos y lo suficientemente amplio para permitir la detención rápida y segura de varios vehículos en fila”. La otra la denomina “zona “Kiss and Ride”, esta no necesita estar tan cercana al establecimiento escolar, pero requerirá que el traslado hasta el centro sea vigilado”. No se considera un Camino Escolar seguro, o fomentar el uso del transporte público ni la bicicleta.

^{Calle de los Transportistas, nuevo espacio "peatonalizado" en entorno escolar.}

Tenemos demasiada experiencia en este país sobre las consecuencias de no enfrentar los problemas de raíz. La vivienda es un magnífico ejemplo con esa “progre” ley colador, incluso la DANA valenciana. Quizás en el tema que nos ocupa no consideró necesario perder el tiempo en eso de apostar en serio por la movilidad sostenible ante tanto Ayuntamiento oscilando entre el slogan publicitario y el negacionismo. En Salamanca parecen vivir más en la contradicción permanente, con calle peatonales abiertas al libre tránsito de vehículos. Mejor les sigue la corriente.

^{Siempre se puede exagerar, como el atosigante aparcamiento en el Campus Universitario.}