Fronteras de injusticia: la exclusión de los haitianos en la República Dominicana

Dana Valeria Cordova Vieru

Defensora de los derechos humanos

En Haití, se estima que casi la mitad de la población requiere asistencia humanitaria urgente. Siendo el país más pobre de Centroamérica, la situación se vuelve aún más insostenible debido a la exacerbada oleada de violencia que afecta a las zonas controladas por pandillas. Los informes indican que las pandillas controlan actualmente más de la mitad de Puerto Príncipe, lo que ha provocado el desplazamieto inevitable de aproximadamente 200.000 residentes hacia países vecinos.

A pesar de la vecindad entre la República Dominicana y el Estado haitiano, hoy en día encontramos un desgarrador escenario para el flujo migratorio haitiano. Aunque existe una historia en común entre estos dos países caribeños, el gobierno dominicano endurece cada día más sus políticas migratorias, que resultan de facto racistas. Estas políticas incluyen deportaciones masivas, suspensión de visados y detenciones ilegales.

Los grupos más vulnerables, como los niños, están en mayor riesgo de ser captados por bandas criminales en su intento de cruzar las fronteras. Tras huir de su país, muchas personas enfrentan la negativa de acceso o la deportación masiva en condiciones inhumanas. Existen datos sobre graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por funcionarios del Estado dominicano, afectando la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanos de piel oscura y aquellos con ascendencia haitiana, quienes son víctimas de prácticas racistas. En lugar de ofrecer protección frente al acoso, la estigmatización y las amenazas, las autoridades dominicanas han fomentado discursos y políticas discriminatorias.

Ante la evidente crisis haitiana, se esperaría que la República Dominicana activara mecanismos de protección más eficaces o, al menos, más garantistas de los derechos humanos en la gestión del flujo migratorio. Sin embargo, la respuesta del gobierno dominicano ha sido, cuanto menos, decepcionante. El nuevo gobierno se ha fijado como objetivo la deportación de 10.000 haitianos indocumentados cada semana, así como la suspensión indefinida de la entrega de visas a personas haitianas, la militarización y la implementación de controles biométricos en la frontera, además del cierre de la misma. Estas medidas son alarmantes para la comunidad internacional, ya que las fronteras no deben ser zonas de exclusión o excepción para las obligaciones en materia de derechos humanos.

El problema radica en que las rutas migratorias haitianas están dominadas por la presencia de pandillas en la frontera, lo que hace que las devoluciones forzadas sean aún más peligrosas. Las «devoluciones en caliente» ponen en riesgo la vida y la integridad de los haitianos. Además, las redadas migratorias se caracterizan por un uso excesivo de la fuerza y ya se han documentado hechos constitutivos de delito, como violaciones, robo de pertenencias y atentados contra la salud e integridad humana, cometidos por funcionarios públicos y cuerpos policiales dominicanos. Llama la atención que, en el marco de estos operativos, se hayan presentado numerosos casos de violencia sexual hacia mujeres, tanto en los centros de detención como durante las deportaciones. En abril de este año, se denunció un caso de violencia sexual contra una niña de 14 años, presuntamente cometido por un inspector de migración en la residencia de la menor. Ya se han advertido sobre allanamientos de morada sin ningún tipo de orden judicial, llevados a cabo por supuestas «autoridades» sin identificativos ni uniformes. Además, las condiciones alarmantes en las que son transportados los migrantes, donde se registra hacinamiento y no se garantiza ni siquiera el acceso al agua, servicios sanitarios o alimentación, agravan aún más la crisis.

¿Cómo superamos la deshumanizadora respuesta de los gobiernos frente a la migración? Da la impresión de que, cada día, cada titular no refleja ni un destello de esperanza ante el difícil camino que recorren los migrantes. Solo nos queda que más personas se sumen a la idea de que nadie es ilegal en el mundo.